Declaran prófugos de la justicia a ex funcionarios malovistas

Entre ellos, Ernesto Echeverría Aispuro, Rafael Lizárraga Favela, María Alejandra Gil Álvarez, Jaime Otañez García y José Luis Martínez Romero.

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Entre ellos, Ernesto Echeverría Aispuro, Rafael Lizárraga Favela, María Alejandra Gil Álvarez, Jaime Otañez García y José Luis Martínez Romero.

Culiacán.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, dio un paquete de órdenes de aprehensión obtenidas contra ex funcionarios públicos de la anterior administración.
La vicefiscal general, Nuria Alejandra González Elizalde, reveló ante medios de comunicación que dichos mandamientos judiciales fueron emitidos por un Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, contra las siguientes personas:

1.-Ernesto Echeverría Aispuro, ex secretario de salud de Sinaloa.

2.-María Alejandra Gil Álvarez, directora administrativa de Servicios de Salud de Sinaloa

3.-Jaime Otañez García, director de Atención Médica de Servicios de Salud de Sinaloa

4.-Rafael Lizárraga Favela, ex secretario de turismo y,

5.-José Luis Martínez Romero, jefe del Departamento Administrativo de la Secretaría de Turismo.

Estas se suman a la que se cumplimentó el día 21 de noviembre de 2017, en contra Luis Ángel Pineda Ochoa, ex secretario técnico de la Secretaría de Turismo.

“El pasado 10 de julio, la Auditoría superior del estado, presentó ante esta Fiscalía 13 denuncias por diversos delitos en contra de servidores públicos, a partir de ese momento la Fiscalía general del estado inició las investigaciones respectivas…”

“El juez de control y enjuiciamiento penal zona centro, encontró elementos suficientes para librar las seis órdenes de aprehensión por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, establecido en el artículo 298 y desempeño irregular de la función pública establecido en el artículo 300 de dicho código”, expresó González Elizalde.

La vicefiscal general reiteró el compromiso de la Fiscalía General del Estado, de actuar con estricto apego a la Ley en todos los casos que lastiman y agravian a los sinaloenses, con la obligación además de procurar justicia y atender el reclamo social de presentar ante el poder judicial a los ex funcionarios que hayan hecho mal uso de su ejercicio público.

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