RUMBO POLÍTICO

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LA PERPETUIDAD DEL REY 2DA PARTE

PRIMER PASO

 

20/12/2017

Ulises Milán*

Mazatlán, Sinaloa; Muy buen día estimados lectores, de nueva cuenta aquí estoy escribiendo para ustedes y deseándoles como siempre que cumplan todos los sueños y metas en su vida. ¡LES MANDO UN ABRAZO, ANIMO!

FRASE: “Hay momentos en la vida de todo político que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios”; Abraham Lincoln.

 

POTESTAD LEGISLATIVA CON MINORÍA REPRESENTATIVA

La columna anterior hablé de los términos en que se dio la conformación de la minuta de Ley de Seguridad Interior que fue estudiada en las Comisiones en Cámara de Diputados y como en el Senado se dio la votación por una mayoría parlamentaria.

Esta “mayoría legislativa” que aducía el Senador Javier Lozano tras su intervención parecía no dejar en claro el voto a favor de esta ley. Se siente una transgresión a los derechos fundamentales de los ciudadanos a pesar de que en la discusión los asambleístas que la defendieron mencionaron que insertaba certidumbre legal.

Los balances pueden no ser en el momento de formar un bloque mayoritario, importantes para inclinar una decisión que viene desde el Ejecutivo, mas parece una lucha en el ¿cómo? de iniciar una “parada” en la política de seguridad que los mexicanos entienden; cambió drásticamente tras el año 2000 cuando el Presidente Felipe Calderón decidió sacar de manera transitoria al ejército.

Son 128 Senadores, de los cuales votaron a favor 76 y 44 en contra; aquí se empieza a reconfigurar la construcción de una decisión de Estado sobre un rechazo popular que no sabemos si representa las 2/3 partes de la población. Hay un desencanto claro respecto de la política de seguridad del país.

El PRI, PAN con excepciones en su bancada, PVEM, PANAL, sacaron adelante esta reforma de ley que viene a dar un marco legal secundario.

 

LETRA CONTRA REALIDAD

 

Uno de las partes más atenuantes es sin duda el texto legislativo. Para ello, aquí citaremos algunos y comentaremos al respecto, cada inciso representa el texto.

  1. Asimismo mencionan que uno de los temas inherentes más importantes de la Seguridad Nacional es la “Seguridad Interior”, cuyo objeto de tutela es el orden interno, entendido como la justa aplicación de las leyes. Por tanto, resulta imperante crear un ordenamiento legal que defina y regule específicamente las actividades realizadas por las dependencias e instituciones competentes en el sostenimiento de la Seguridad Interior con el propósito de delimitar el campo de acción legal de las autoridades y otorgar certeza jurídica a los ciudadanos.

 

  1. Por ello, la colegisladora centra sus consideraciones en la idea de que la Seguridad Interior, implica la posibilidad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (Ejército, Fuerza Armada y Fuerza Aérea), en términos de los dispuesto por el artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

  1. De igual manera la comisión dictaminadora coindice con el establecimiento de principios que deberán regir la actuación de las Fuerzas Armadas cuando intervengan en acciones de seguridad interior, destacando los principios de racionalidad, oportunidad y proporcionalidad.

 

  1. Posteriormente los proponentes exponen que, la atribución del artículo 73, fracción XXXI y lo dispuesto en el artículo 89, fracción VI y 129 Constitucionales, deben analizarse de manera conjunta, pues en ellos se encuentra la facultad exclusiva del Presidente de la República, de comandar las fuerzas armadas en defensa de la seguridad interior.

 

  1. Respecto a lo antes enunciado, la comisión dictaminadora considera que los actuales sistemas de seguridad nacional y pública resultan insuficientes para salvaguardare el ámbito de acción en el que interactúan población e instituciones, lo que se agrava ante la ausencia de un marco regulatorio especifico en materia de seguridad interior.

 

  1. El proyecto de dictamen aprobado enfatiza en el surgimiento de la necesidad de establecer un procedimiento idóneo que permita que las autoridades encargadas de la defensa nacional, cuenten con elementos y herramientas necesarias para atender amenazas que tengan su origen en territorio nacional, pues no debe dejarse de lado que ellas también son consideradas de Seguridad Nacional a pesar de que son causadas por un agente interno.

 

  1. El dictamen menciona que no debe perderse de vista que la seguridad interior obedece al mantenimiento de la condición de estabilidad interna, paz y orden público, cuya garantía es una función que está a cargo de los tres órdenes de gobierno.

 

Es ineludible que debemos de identificar exactamente qué dice la propuesta, porque en medida que la conozcamos es como podremos defender precisamente los derechos individuales que se “proclaman” en esta minuta, dado que la realidad siempre va un paso más adelante que la letra. La ley no es aplicable exactamente a casos individuales en los que tras la estrategia del Estado, pueda dirimir a un actor individual o colectivo; sea un ciudadano o una comunidad pequeña aislada que se vea afectada de manera directa o indirecta por la estrategia de seguridad.

 

CONTRAPUNTO

  1. Habla del orden interno y de una justa aplicación de las leyes. Uno de los factores que fueron expuestos en tribuna es el Art. 21 C. mismo que cita: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil disciplinario y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de seguridad pública. (DOF 18-JUN-08).

Nota: Sin demeritar la prevalencia de Seguridad Nacional como un todo para la Seguridad Interior, el choque entre la responsabilidad que tiene el municipio frente a la tarea de preservar las garantías de seguridad a sus ciudadanos, sigue siendo el punto de inflexión de esta tesis; porque sin duda es el municipio quien pierde el mando en la estrategia para en el marco de su competencia delimitar cómo conducir la política de seguridad. La fortaleza viene hacia el centro no a lo local.

 

  1. Sobre este apartado existe un rechazo popular sobre los poderes constitucionales que tiene el Presidente de la República como “Jefe máximo” de las Fuerzas Armadas. Poderes supraconstitucionales que no igualan al ser como un todo en el Estado sino subyugado al poder, uno del cual no puede acceder para su beneficio.
  2. Dichos principios solo se citan, más no se especifican en qué casos o cual es el criterio debido a su capacidad, organización y fuerza para iniciar con estas acciones. Parece un protocolo o son simplemente términos que serán tratado de llevar a las acciones cotidianas en los operativos. ¿Qué tan efectivo es entender esos términos y su puesta en marcha?, claro que en las fuerzas castrenses no representa lo mismo que en la fuerza civil de seguridad.
  3. Este es el tema controvertido de quien manda la orden para discutir la necesidad de una Ley de Seguridad Interior; si bien es cierto hay reglas internas en las fuerzas armadas, sus leyes orgánicas regulan la vida castrense y sus límites dentro y fuera de ellas. El Presidente de la República en este caso representando al Gobierno Federal, no hace un viraje en lo que los ciudadanos rechazan para materia de seguridad y específicamente lo relacionan con el combate al narcotráfico.

Lo anterior viene a la mesa debido que, quienes defienden la iniciativa destacan la potestad del primer mandatario para utilizar las fuerzas armadas y establecer orden. Pero el factor con el cual pretende establecer orden precisamente es lo que se rechaza, el antídoto parece no ser el adecuado y quienes sufren los efectos colaterales en la estructura del Estado son los ciudadanos.

Para nada hubo una consulta popular. Lo rechazan tajantemente el poder ejecutivo y los partidos de centro derecha.

  1. Prevalece un factor en este apartado que refleja la crisis institucional en el país, es ahí donde se aduce, ésta debilitada la estructura de gobierno. Y por consecuente el desarrollo “democrático” de cada uno de las entidades federativas es el punto que hace más difícil la instauración de una solución en su conjunto. Los gobernadores ejercen su poder, ellos lo quieren regular y el otro poder que puede plantear avances o retrocesos –poder legislativo local- es omiso, sumiso o simplemente disfuncional para construir una mayoría que de avance a las propuestas en materia de seguridad nacional.
  2. Aquí claramente se habla de la “causa” un agente interno y por consiguiente el tema de la responsabilidad de los gobernadores y los alcaldes.
  3. Por último se habla de una coparticipación de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y local, volviendo a ligar la estrategia solamente por ejemplo en el Consejo de Seguridad Nacional donde los gobernadores llevarán sus peticiones pero la propuesta del problema que aqueja seguramente tendrá el sello del gobernador, esperemos que el diagnóstico sobre cómo resolverlo sabemos no tendrá en su eje central la propuesta de los ciudadanos o las organizaciones no gubernamentales.

En la siguiente y última parte hablaré de las reformas que ha sufrido el Artículo 89 Constitucional fracción VI, de indicadores sobre la problemática de la violencia en el país y sobre un pequeño resumen de países que enfrentaron crisis similares.

 

*L.C.C Ex asesor de legisladores en Acción Nacional y Gobiernos Municipales, analista político y colaborador en diversos medios de comunicación.

 

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