Mexicanos Primero hace un llamado a crear una política de evaluación de aprendizaje que ponga a las niñas, niños y jóvenes al centro

• La educación en México necesita una política de Estado en materia de evaluación de aprendizaje que sea integral, incluyente, equitativa, intercultural y de excelencia, con estrategias que lleguen a todas las personas en todas las escuelas del país. • La falta de una política de Estado sólida, transparente y transexenal para evaluar el desarrollo de las niñas, niños y jóvenes ha sido y es uno de los principales retos que México ha enfrentado para garantizar el derecho a aprender.

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Ciudad de México.-En el contexto de la aplicación de PLANEA 2019, Mexicanos Primero hizo un llamado a la autoridad federal para la creación de una política de Estado en materia de evaluación que responda a los nuevos retos plasmados en el artículo tercero constitucional y permita mejorar las prácticas, estrategias y políticas educativas.

En conferencia de prensa, David Calderón, Presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero destacó que la reforma educativa de 2019 representa una oportunidad importante para avanzar como país en la garantía del derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes, pero que ese avance no se trasladará del papel a la realidad si no se impulsa una política de Estado que logre llegar a todas las escuelas en todos los estados sin excepción y a todas las personas con procesos y mecanismos de evaluación formativa.

Dicha política – que deberá ser diseñada, implementada y difundida por el nuevo Organismo para la Mejora Continua de la Educación –, dará certidumbre a los procesos de diseño, aplicación y uso de las evaluaciones para dar seguimiento a la trayectoria de cada niña, niño y joven.

“La reforma tiene que mostrar que cuando se implementa hay un avance objetivo y dicho avance debe ser un progresar en los derechos, nunca retroceder. Una reforma que sólo hace postulados es una bonita declaración de principios que no se cumple y entonces decepciona”.

Durante su intervención, la Directora General de Mexicanos Primero, Jennifer O’Donoghue explicó que transitar de la Constitución a la realidad en las escuelas implica contar con elementos para la toma efectiva de decisiones, un diseño adecuado y la puesta en marcha de mejores prácticas, estrategias y políticas educativas en las escuelas, las zonas escolares, oficinas burocráticas estatales y la Secretaria de Educación Pública, es decir saber dónde está cada niña, niño y joven, cómo ha sido su progreso, dónde focalizar para no dejar a nadie atrás, cómo aprovechar la diversidad para potenciar el aprendizaje, y qué funciona, qué no y en qué contexto.

Desafortunadamente, explicó, la falta de una política de Estado sólida, transparente y transexenal ha sido y es uno de los principales retos que México ha enfrentado para garantizar el derecho a aprender, definido desde el artículo 3º como la triple inclusión en la que todas y todos están, aprenden y participan en su propio proceso educativo.

Javier Rojas, Director de Investigación, explicó que la creación de una política de Estado para la evaluación del y para el aprendizaje implica brindar a los agentes de cambio en las escuelas – docentes, familias y las propias niñas, niños y jóvenes – así como dentro de las supervisiones, secretarías de educación y en el nuevo Organismo: un marco normativo sólido que brinde claridad y certeza; recursos suficientes que permitan una implementación efectiva; oportunidades para desarrollar habilidades técnicas para el diseño, implementación, interpretación y uso de las evaluaciones; espacios de participación para apropiarse de y retroalimentar la política; así como información adecuada – completa y personalizada – que impulse su uso formativo para cambiar prácticas, estrategias y políticas educativas.

El reto de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador será crear una verdadera política, no sólo una prueba o un instrumento, que se centre en los procesos de desarrollo de las niñas, niños y jóvenes y que dé certidumbre a los procesos de diseño, aplicación y uso de las evaluaciones para dar seguimiento a la trayectoria de cada persona para ajustar y focalizar las políticas educativas. Sólo así la educación podrá cumplir con la aspiración constitucional de ser integral, inclusiva, equitativa e intercultural.

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