*Desde la tribuna del Congreso del Estado, la diputada del PRI sostuvo que la licencia de Rocha Moya no cancela su responsabilidad constitucional ni frena su posible inhabilitación.
*Denunció presuntos desvíos en el DIF Sinaloa por más de 356 millones de pesos a empresas fantasma, pérdida masiva de empleos y la impunidad tras la crisis de inseguridad.
CULIACÁN, SINALOA. — En una estridente intervención desde el Pleno del Congreso del Estado, la diputada priista Paola Gárate Valenzuela demandó dar trámite legal de inmediato a la solicitud de juicio político promovida contra el gobernador con doble licencia, Rubén Rocha Moya, advirtiendo que la separación de su cargo no elimina su responsabilidad constitucional por el colapso institucional, la corrupción y la violencia en la entidad.
«El gobernador con doble licencia fue y sigue siendo el mayor corruptor de las instituciones de gobierno en Sinaloa. La pasividad ya no es una opción para este Poder Legislativo», aseveró la legisladora, al tiempo que emplazó a todas las bancadas a fijar postura de cara a la ciudadanía y no permitir que el paso del tiempo se convierta en una impunidad pactada.
Gárate Valenzuela sustentó la urgencia del juicio político e inhabilitación contra el exmandatario apoyándose en indicadores oficiales y denuncias sobre el manejo de la administración estatal:
Recordó que, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI, el 88.6% de la población adulta en Sinaloa percibe como frecuentes los actos de corrupción en las instituciones locales.
Exigió investigar a fondo el otorgamiento de un contrato superior a 356 millones de pesos adjudicado a una presunta empresa fantasma dentro del Sistema DIF estatal, además de contrataciones direccionadas hacia personas vinculadas a la familia gobernante.
Señaló que la crisis de inseguridad cobró un costo devastador en la economía formal, provocando la pérdida de más de 24 mil empleos registrados en el estado entre marzo de 2023 y marzo de 2026.
Reclamó la falta de aclaraciones ante las indagatorias de autoridades de Estados Unidos que vinculan a funcionarios de la gestión de Rocha Moya con estructuras del crimen organizado.
Rechazo a la «Ley Tapadera»
En su pronunciamiento, la diputada también rechazó categóricamente los intentos por aprobar las reformas que coartan el acceso a la información pública —bautizadas por la oposición como la «Ley Tapadera»—, señalando que opacar los contratos gubernamentales en este contexto sería un atropello a la transparencia.
“Cada peso comprometido tenía un destino social que estamos obligados a defender. ¿A quién sirvió el poder mientras las familias sinaloenses quedaban en la indefensión? Sinaloa ya ha pagado demasiado por las fallas de su gobierno y este Congreso debe llevar el juicio político hasta sus últimas consecuencias”, concluyó.
