- Por: Jose Luis Lopez Duarte
En la campaña electoral por la gubernatura de Ruben Rocha en el 2021, a Aurelia Leal, presidenta municipal de Guasave, y a Guillermo “Billy” Chapman, presidente municipal de Ahome, los hicieron a un lado como si fueran muebles viejos. Ambos habían llegado con AMLO por méritos propios, pero en la política sinaloense los méritos duran menos que una promesa de campaña. Para operar la limpia, Rubén Rocha tuvo dos aliados de peso: el grupo del malovismo, con Gerardo Vargas, y la familia Ahumada, en Guasave. Una combinación explosiva: experiencia política, ambición y memoria selectiva.
Apenas instalado en el poder, Rocha abrió su primera gran ofensiva contra Jesús Estrada Ferreiro. Corría febrero de 2022, apenas tres meses después de la toma de posesión. El conflicto con las viudas de policías municipales escaló hasta convertirse en un expediente político de alto voltaje. El 10 de junio, cuatro meses más tarde, el Congreso de Sinaloa, encabezado por Feliciano Castro, desaforó al alcalde de Culiacán.
El relevo fue Juan de Dios Gámez Mendívil, ahijado político del gobernador y entonces delegado de Bienestar. Su llegada vino acompañada de acusaciones de supuesto acoso laboral y, posteriormente, de una persecución judicial en Estados Unidos. Hoy, además, permanece con una licencia vencida en la presidencia municipal desde el 31 de octubre. Todo muy institucional, claro; tan institucional como un circo con acta notariada.
Por esas mismas fechas comenzó la campaña contra Guillermo “El Químico” Benítez, alcalde de Mazatlán. Para finales de octubre de 2022, dobló las manos y renunció. Pero la renuncia no le compró la indulgencia: siguieron las denuncias, los tribunales y la Fiscalía estatal. En menos de un año, el rochismo había despejado el tablero de cualquier figura que pudiera ocupar un espacio propio o, peor aún, contradecir al gobernador.
Aquello no fue conciliación política. Fue intolerancia con membrete oficial. Fue abuso de poder presentado como orden administrativo. La incapacidad para negociar se disfrazó de autoridad, y la soberbia terminó sustituyendo a la política. Pero la soberbia, como los malos gobiernos, siempre cobra intereses.
El siguiente objetivo fue la Universidad Autónoma de Sinaloa, el último bastión insumiso. La ofensiva comenzó desde el Congreso y la Auditoría Superior del Estado, bajo la conducción de Feliciano Castro. Con el pretexto de armonizar la legislación educativa nacional, introdujeron modificaciones que los tribunales federales terminaron echando abajo por inconstitucionales.
La maniobra tenía doble fondo: violar la Constitución y empujar a la UAS a ser sometida por facultades de fiscalización por parte de la ASE reservadas a la Auditoría Superior de la Federación. Un plan tan brillante que acabó en ridículo jurídico. Durante más de 18 meses, la universidad resistió las embestidas del rochismo, sus aliados, socios y cómplices. Esa resistencia fue el Waterloo del régimen: la derrota que evidenció que la autocracia no era invencible.
Después vino lo peor. La desesperanza, la ira y el miedo desembocaron en una tragedia que nadie quiso prever. La guerra intestina del crimen organizado abrazó a Sinaloa y convirtió la debacle política en una crisis de seguridad sin salida visible. El fracaso del rochismo dejó de ser una discusión partidista: se transformó en el infierno cotidiano de miles de sinaloenses.
Y mientras el estado se desangra, los capitanes del desastre —Feliciano Castro, Graciela Domínguez, Imelda Castro y compañía— siguen paseando sus raídas vestiduras políticas como si fueran uniformes de gala. Hablan, justifican, culpan y anuncian. Pero ningún discurso tapa el sol, aunque lo pronuncien desde el palacio, el Congreso lo cierto es que jamás supieron construir y dirigir el gobierno estatal.
El saldo está a la vista: una autocracia en ruinas, instituciones debilitadas y una herencia política maldita. El rochismo no terminó gobernando Sinaloa; terminó administrando su naufragio.
