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Comisionados del Inai piden crear una nueva agencia

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Después de que la Cámara de Diputados aprobó reformar la Constitución para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y seis órganos autónomos más, los comisionados del instituto pusieron a «disposición de las y los legisladores federales su conocimiento y experiencia para la realización de la legislación secundaria».
Adrián Alcalá, comisionado presidente del Inai dijo: «Queremos todavía incidir en la nueva legislación, a partir de la experiencia acumulada, de los conocimientos adquiridos por parte de mis colegas y, por supuesto, de toda la familia Inai, para contar con una legislación acorde».
También refirió que en el Senado de la República pueden modificar la reforma, a través de un artículo transitorio, para crear una agencia similar a la que se creará para fusionar las facultades del IFT y la Cofece.
«Todavía hay oportunidad de cambiar el rumbo. ¿A qué me refiero? A que, en los transitorios, el Senado de la República puede establecer bases y principios para una nueva agencia. Si el Inai se tiene que ir, que se vaya, pero démosle al Estado una nueva agencia con autonomía, con independencia, con estas características que jurídicamente sí se puede hacer», explicó.
La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena dijo que el nuevo gobierno debe considerar que la sociedad aspira a la construcción de instituciones sólidas y robustas que, bajo nuevos y mejores enfoques, que atiendan sus necesidades y demandas de información.
«Hoy no son suficientes las intenciones discursivas y políticas para desaparecer organismos autónomos. Esperamos que el Senado, en las leyes secundarias, logre recuperar lo que hasta ahora hemos tenido: un modelo garantista de alto nivel que permitió que México fuera un referente internacional», expresó.
El dictamen aprobado por la mayoría en la Cámara de Diputados, y enviado como minuta al Senado, señala en el artículo 6 de la Constitución que las leyes secundarias en materia de acceso a la información pública y a la protección de datos personales determinarán las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de esos derechos.
Así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados. «Se establecerán mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante las instancias competentes en los términos que fija esta Constitución y las leyes», dice la minuta.
En el artículo 41 de la Constitución, se estableció que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos, y sobre los recursos de revisión que interpongan los particulares.
En el artículo 116 de la Carta Magna se especifica que las constituciones de las entidades definirán la competencia de los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y demás sujetos obligados responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Finalmente, la reforma da un plazo de 90 días naturales al Congreso de la Unión para realizar las adecuaciones necesarias en las leyes secundarias.
Cabe señalar que el pasado 21 de noviembre, el pleno del Inai lamentó que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa de reforma constitucional que desaparece los siete órganos autónomos, entre ellos al instituto, porque eso implicará una regresión en la garantía de los derechos de acceso a la información, protección de datos y los controles democráticos. «Sin una institución separada del poder político, autónoma y técnica, se limita el ejercicio pleno de los derechos que tutela el Inai».
En un comunicado, el Inai llamó al Senado, —cámara revisora— a reconsiderar el proyecto y evitar un retroceso en la garantía de estos derechos humanos.

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