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Chispazo/La evidente complicidad en Sinaloa


LA EVIDENTE COMPLICIDAD EN SINALOA
Felipe Guerrero Bojórquez


¿Y por qué, antes de que llegaran las fuerzas federales a Sinaloa, las policías locales, estatales y municipales, nunca vieron las más de 300 cámaras instaladas, en toda la ciudad de Culiacán, por los grupos delictivos que ejercían vigilancia a través de ellas? La respuesta puede resultar obvia.

No solo los delincuentes instalaron su sistema completo de video vigilancia para monitorear el flujo de la ciudad, y de ese modo ser más certeros en sus propósitos, sino que además se dedicaron a destrozar la mayoría de las cámaras instaladas por el llamado C-4 , frente a sus narices, sin que se haya detenido por ello a una sola persona. ¿Por qué? Porque la complicidad del gobierno estatal, hasta hace no mucho, había sido plena.

Lo mismo pasaba en los penales, controlados por los delincuentes, como en el caso de Aguaruto, donde los últimos decomisos realizados por elementos federales han exhibido el vínculo del gobierno estatal y quienes controlan este centro penitenciario. Una cosa es que las fuerzas federales hayan arribado a Sinaloa para colaborar centralmente en la lucha contra el crimen organizado, y otra resulta que, igualmente, tengan al mismo tiempo que luchar contra la corrupción y, por omisión o por comisión, contra los evidentes vínculos de un gobierno local cuyos funcionarios deberían ser llamados a cuentas.

Es increíble el número de armas decomisadas al interior del penal de Aguaruto y que hasta ahora no haya un solo funcionario detenido, como increíble la red de telecomunicaciones entre la que se cuenta señal satelital a través de sofisticados modem, bandas anchas, decenas de celulares y chips, dinero en efectivo, droga y el control total del penal por los delincuentes. ¿Y todo esto por dónde entró, cómo se instaló, de quién es responsabilidad? Está claro que del gobierno estatal, cuyo papel omiso o de compromiso es sumamente grave, por lo que debe abrirse una investigación para fincar responsabilidad a los funcionarios correspondientes. De arriba hasta abajo.

Son estos dos ejemplos los que muestran el nivel de connivencia de los responsables del gobierno en Sinaloa; muestra también la relación «normal» que los mandos locales mantenían con la delincuencia. Hasta que estalló la guerra y se produjo el rompimiento con una de las facciones del crimen organizado, circunstancia que desnudó sus estrechos vínculos al grado de acusar al propio gobernador, Rubén Rocha, de formar parte del problema que originó el conflicto.

Todo eso explica por qué, desde la llegada a Sinaloa de Omar García Harfuch como nuevo responsable de la seguridad nacional en el país, se deslindó poco a poco del gobierno estatal al documentar la relación que funcionarios y elementos policiacos, incluyendo a otros de la Fiscalía Estatal, habrían mantenido con los grupos delictivos.

Si en el período de Andrés Manuel López Obrador hubo protección total para esta relación de impunidad en Sinaloa, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, presionada igualmente por la administración de Donald Trump, ha ordenado ir a fondo para desmantelar la estructura de mando del cártel de Sinaloa y sus vínculos políticos locales y nacionales, ello a través de una ficha proporcionada por el gobierno de Estados Unidos y las probables declaraciones del propio Ismael «El Mayo» Zambada, a cambio de que no le apliquen la pena de muerte. ¿Cuántos y quiénes saldrán embarrados? Ya veremos.

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