Felipe Guerrero Bojórquez
(Primera de dos partes)
Fotografía bajada de internet
No, no se trata de descalificar las acciones del gobierno federal en contra de la violencia desatada en Sinaloa, desde hace once meses que inició la guerra entre la mayiza y la chapiza. Se trata de que a la hora de la evaluación se cuente la película completa y no se evada la trágica realidad que a diario viven los ciudadanos.
Es importante que las acciones contundentes contra la delincuencia se difundan y destaquen, lo que no está bien es tratar de imponer la “percepción” de que la violencia en todas sus manifestaciones ha disminuido. Hay sin duda toda una estrategia encaminado a ello.
Tan es así que el propio gobernador Rubén Rocha, pidió hace días a medios de comunicación, líderes sociales y analistas, reconozcan que en el estado no solo no hay pérdidas económicas, sino que el empleo se incrementó. Sin embargo, de acuerdo a los datos duros y a la estadística que muestra el sector empresarial, se destacan pérdidas económicas por arriba de los 25 mil millones de pesos y poco más de 20 mil empleos. De algún modo el propio gobernador Rocha reconoce ahora la inseguridad, pero no sus estragos en la dimensión planteada por los empresarios, y lo que a diario padecen miles de sinaloenses.
La estrategia del gobierno federal y estatal está encaminada, bajo esta nueva “percepción”, a reposicionar al gobernador Rocha en las preferencias ciudadanas, quien de ocupar, desde que empezó la guerra, los últimos lugares en las encuestas apareció, de un día para otro, como el tercer mejor calificado del país. Es “la magia” del sondeo que todo lo puede, porque antes de atreverse a eso, también redujeron en un instante las condiciones de inseguridad que padece la gente. Es más, ayer en una entrevista con el periodista Víctor Torres, el gobernador le puso fecha al regreso de la paz y adelantó que para en septiembre retornaría la tranquilidad al estado. Así, si así de sencillo. Ojalá y sea cierto, aunque en estos casos la prisa desnuda los propósitos y la realidad los descalabra.
Efectivamente es la “percepción” que el gobierno quiere imponer diciendo que la inseguridad ha disminuido y que la paz está a la vuelta de la esquina, contra lo que la gente siente, padece en la vida real y contra un sistema agresivo, al margen de la ley, que sigue intacto y que funciona desde dentro y fuera del gobierno.
No solo se trata de que la mano del Estado se vea en el decomiso de armas, detención de “generadores de violencia” y desmantelamiento de narco laboratorios, sino de desarticular la estructura de los grupos fácticos que operan violentamente contra la vida diaria de la sociedad. Muy bien, ya han detenido y entregado a los Estados Unidos operadores de alto nivel del crimen organizado. ¿Y eso ha terminado o va a terminar con la inseguridad? Al menos hasta ahora no ha sido así porque el tejido de los cárteles se regenera como el organismo alienígeno. O se trata de quedar bien con Donald Trump, no con los ciudadanos agobiados por tanta violencia.
Mientras el gobierno estatal y federal hacen cuentas alegres y lanzan una estrategia mediática para generar la idea de que con sus acciones se ha avanzado en el combate a la inseguridad (lo que es cierto a medias), la gente observa y siente otra cosa en su vida diaria, en las comunidades, colonias y calles donde viven. Tan solo el pasado fin de semana se registró en el estado la ejecución de 20 personas, lo que ni la guerra de Ucrania-Rusia o Israel-Palestina alcanzan; los levantones de jóvenes están a la orden del día, sumiendo en la impotencia, la rabia y el dolor a cientos de familia que no encuentran respuestas efectivas en la autoridad; el robo de vehículos a mano armada sigue imparable, sin que haya poder humano que lo impida; los tiraderos siguen funcionando y los vecinos ven cómo a estos acude la autoridad no para actuar en su contra, sino para cazar a los consumidores de droga y extorsionarlos. También ahí siguen los expendios de cerveza que operan 24 horas en diversos puntos de Sinaloa, amparados en el visto bueno del gobierno del estado y sus funcionarios corruptos. Los casinitos igualmente, instalados en abarrotes donde acuden los niños del barrio a comprar y de paso a iniciarse en las lides de la ludopatía y otros vicios. La extorsión, presente en medianos y grandes negocios, y también en los changarros de la esquina; incluso se reporta que los malandros llegan al extremo de cobrar al vecino por vender un vehículo y otro tipo de propiedad. Los robos a diversos comercios y casa habitación son de orden común. No se escapan algunos bares y antros donde se ofrece un variado menú de estupefacientes; los ciudadanos honestos tampoco escapan a los retenes oficiales (alcoholímetros), donde son atorados, muchos de ellos víctimas de la consabida mochada, no así los delincuentes a los que dejan el paso libre bajo el saludo clásico del subordinado. Y los punteros en sus motos invadiendo las calles, operando con descaro radio en mano, intimidando a la gente y violentando las normas de vialidad sin que nadie les diga nada. Y la policía municipal inmóvil, por múltiples razones, ante el arbitrio de autos y camionetas con densos polarizados, que se desplazan amenazantes por las calles de los pueblos y ciudades. Y en las sindicaturas y comisarías la vigilancia, la organización y control de las fiestas en manos de civiles armados que imponen su orden mientras la policía se esconde. Tampoco se quedan atrás algunos funcionarios municipales y estatales: Unos que exigen moches para otorgar permisos diversos y otros que realizan tareas de inspección, quienes se han convertido en plaga que exige dinero a los proveedores de servicios y al comercio en general, incluyendo a los ambulantes. ¿Y todo esto lo desconoce el gabinete de seguridad? ¿Todo esto, que no ignoran los alcaldes y los jefes policiacos, se toca en las famosas reuniones diarias donde se supone se definen las estrategias para combatir la violencia, la impunidad y la corrupción? Es obvio que no. Por eso la gente no les cree.
Se combate arriba, pero no abajo. Un trabajo que se supone debería ser a la par. El combate del que hablan, hasta hoy, no ha tocado esa amalgama de intereses que se apoderó del quehacer institucional, y que desde ahí opera contra la propia sociedad. Funciona como una maquinaria criminal en detrimento de la vida diaria de la gente buena, que dejó hace años de vivir en paz. Sobre todo en los últimos tiempos, cuando a cambio de dinero y operación electoral, la clase política oficial comprometió el ejercicio del poder cediendo funciones y puestos claves en el gobierno. Esa es justamente la razón fundamental del porqué la propia autoridad no puede ir en contra del monstruo en la que ella misma se convirtió. Opera arriba, pero en realidad abajo, como monstruo, sigue depredando lo que a su paso se atraviesa. Tienen todo tan revuelto que ni siquiera pueden regresar a la pax narca, porque hasta eso corrompieron.
García Harfuch y la presidente Claudia Sheinbaum estiman que con lo hecho en Sinaloa les alcanza también para rescatar la imagen de un gobernador a quien mucha gente, cierto o no, de manera justa o injusta, lo hace responsable de la situación violenta y de inseguridad estructural que padece Sinaloa. También hay que decirlo, esa corrosión viene desde tiempos atrás, pero no ha parado de crecer y multiplicarse. Por supuesto que el gobernador Rocha tiene derecho a defenderse, pero hay asuntos que está en sus manos resolver y, hasta hoy, no se ha visto voluntad para ejercer una limpia de fondo allá abajo, empezando por no pocos funcionarios estatales y municipales que parecen responder más a otros intereses que a los de la sociedad sinaloense. Ya veremos.
