Ciudad de México.- El nombre del panista Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de BC, dueño de la comercializadora Ingemar vinculada con el megadecomiso de huachicol en Coahuila, estaría dentro de un paquete de 200 órdenes de aprehensión que se cumplirán los próximos días, informó hoy el diario El Universal.
DAN A MARINOS 1.7 MDP POR CADA HUACHI-BUQUE
En otra importante información sobre estas acusaciones graves, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el Contralmirante Fernando, mediante intermediarios pagaban a subordinados un millón 750 mil pesos por cada buque de huachicol que dejaran descargar en los recintos fiscales, consta en las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), difunde REFORMA en su sitio de noticias.
El ex director de la Aduana de Tampico, el Capitán Alejandro Torres Joaquín, fue uno de los beneficiarios de esos sobornos. Por permitir el desembarco ilegal de 14 buques obtuvo 24 millones de pesos.
Las revelaciones son parte de la indagatoria que ha llevado a la detención de 14 personas, entre ellos el Vicealmirante Roberto Farías, sobrino político del ex Secretario de la Marina con AMLO, Rafael Ojeda.
Alejandro Torres ahora es un testigo protegido de la FGR y en mayo pasado aportó datos precisos sobre la forma en que operaba el huachicol fiscal. Declaró ante la Fiscalía que de abril de 2024 a enero de 2025 personalmente permitió el desembarque de 14 buques con huachicol fiscal y que los sobornos los recibía tres días o una semana después de que los barcos hubiesen zarpado.
De acuerdo con el Capitán, de cada entrega de un millón 750 mil pesos que debía repartir entre sus subordinados, él sólo les daba 330 mil y se quedaba con un millón 420 mil pesos. El dinero sólo lo compartía con 6 de los 11 funcionarios con quienes debía dividirlo, aunque sólo les daba el 50 por ciento o menos de lo que les correspondía.
Sólo por los 14 barcos de huachicol fiscal, asegura que recibió sobornos por 24 millones 500 mil pesos, de los cuales repartió con los suyos un total de 4 millones 720 mil y se quedó con 19 millones 780 mil.
Torres también rindió un testimonio ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y en él identifica al Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, como uno de los intermediarios que supuestamente tenían los Farías para entregarles el dinero para los funcionarios aduaneros. Solano tiene orden de aprehensión y se encuentra prófugo.
«Mandaba dinero para 12 personas y lo repartía sólo a 6 personas y conmigo 7, el resto del dinero me lo llevé a mi alojamiento en el búnker, ahí guardaba el dinero, para cualquier eventualidad», declaró el 13 de mayo pasado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR.
Según su testimonio, Solano se comunicaba con él a través de la app Threema, donde estaba registrado como NK. Solano nunca se identificó con su nombre y ni siquiera lo llegó a ver, pero siempre apoyó a Torres desde su llegada a la Aduana de Tampico e incluso le envió a dos subdirectores para que lo apoyaran en el cargo.
«Preguntando entre conocidos del medio naval, hicieron referencia a que se trata de un Capitán de Corbeta Retirado de nombre Miguel Ángel Solano Ruiz, a quien no tengo el gusto de conocer en persona y cuyo nombre no me suena. Solo sé que es una persona que tiene que ver con el sistema aduanal en México y que tiene muchos contactos en puestos de alto nivel en el Gobierno. De ahí en fuera no sabe nada más de él», relata.
Los funcionarios con quienes repartió el dinero son el Capitán Carlos Estudillo Villalobos, subdirector de Operaciones; el Capitán Sergio Varela, subdirector de Vigilancia y Control; y Endira Xóchitl Palomo Chávez, ex jefa de departamento de Recintos Fiscales en la Aduana.
LISTAS MÁS DE 200 SOLICITUDES DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN
La Agencia Nacional de Aduanas de México y la FGR tienen listas más de 200 solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de agentes aduanales, administradores, subadministradores y personal operativo de diversas aduanas de todo el país, por su presunta participación en el delito de huachicol fiscal, que durante varios años ha permitido el contrabando de combustible desde varias partes del mundo hacia México.
Los empleados de las aduanas que serán vinculados a proceso no solo son civiles, también hay personal militar, así como empresarios, entre los que destaca el exgobernador de Baja California y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Ruffo Appel.
Destaca una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Baja California y militante del PAN, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, quien funge como socio mayoritario de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., involucrada en el megadecomiso de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila el pasado 7 de julio.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso El Gran Diario de México, la próxima semana se girarán órdenes contra personas morales quienes también están involucradas en el huachicol fiscal.
De acuerdo con fuentes federales cercanas a EL UNIVERSAL, las órdenes de aprehensión comenzaron a interponerse desde el primer día de agosto de 2025, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías locales ante jueces de todo el país.
Además, a Perla Elizabeth Castro Sánchez, jefa de Departamento y Operaciones; y Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías, ambos verificadores de mercancías. Todos ellos están en la cárcel desde la semana pasada. pagaban a subordinados un millón 750 mil pesos por cada buque de huachicol que dejaran descargar en los recintos fiscales, consta en las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) consultadas por REFORMA.
El ex director de la Aduana de Tampico, el Capitán Alejandro Torres Joaquín, fue uno de los beneficiarios de esos sobornos. Por permitir el desembarco ilegal de 14 buques obtuvo 24 millones de pesos.
Las revelaciones son parte de la indagatoria que ha llevado a la detención de 14 personas, entre ellos el Vicealmirante Roberto Farías, sobrino político del ex Secretario de la Marina con AMLO, Rafael Ojeda.
Alejandro Torres ahora es un testigo protegido de la FGR y en mayo pasado aportó datos precisos sobre la forma en que operaba el huachicol fiscal. Declaró ante la Fiscalía que de abril de 2024 a enero de 2025 personalmente permitió el desembarque de 14 buques con huachicol fiscal y que los sobornos los recibía tres días o una semana después de que los barcos hubiesen zarpado.
De acuerdo con el Capitán, de cada entrega de un millón 750 mil pesos que debía repartir entre sus subordinados, él sólo les daba 330 mil y se quedaba con un millón 420 mil pesos. El dinero sólo lo compartía con 6 de los 11 funcionarios con quienes debía dividirlo, aunque sólo les daba el 50 por ciento o menos de lo que les correspondía.
Sólo por los 14 barcos de huachicol fiscal, asegura que recibió sobornos por 24 millones 500 mil pesos, de los cuales repartió con los suyos un total de 4 millones 720 mil y se quedó con 19 millones 780 mil.
Torres también rindió un testimonio ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y en él identifica al Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, como uno de los intermediarios que supuestamente tenían los Farías para entregarles el dinero para los funcionarios aduaneros. Solano tiene orden de aprehensión y se encuentra prófugo.
«Mandaba dinero para 12 personas y lo repartía sólo a 6 personas y conmigo 7, el resto del dinero me lo llevé a mi alojamiento en el búnker, ahí guardaba el dinero, para cualquier eventualidad», declaró el 13 de mayo pasado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR.
Según su testimonio, Solano se comunicaba con él a través de la app Threema, donde estaba registrado como NK. Solano nunca se identificó con su nombre y ni siquiera lo llegó a ver, pero siempre apoyó a Torres desde su llegada a la Aduana de Tampico e incluso le envió a dos subdirectores para que lo apoyaran en el cargo.
«Preguntando entre conocidos del medio naval, hicieron referencia a que se trata de un Capitán de Corbeta Retirado de nombre Miguel Ángel Solano Ruiz, a quien no tengo el gusto de conocer en persona y cuyo nombre no me suena. Solo sé que es una persona que tiene que ver con el sistema aduanal en México y que tiene muchos contactos en puestos de alto nivel en el Gobierno. De ahí en fuera no sabe nada más de él», relata.
Los funcionarios con quienes repartió el dinero son el Capitán Carlos Estudillo Villalobos, subdirector de Operaciones; el Capitán Sergio Varela, subdirector de Vigilancia y Control; y Endira Xóchitl Palomo Chávez, ex jefa de departamento de Recintos Fiscales en la Aduana.
Además, a Perla Elizabeth Castro Sánchez, jefa de Departamento y Operaciones; y Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías, ambos verificadores de mercancías. Todos ellos están en la cárcel desde la semana pasada.
REVELAN QUE EMPRESARIO POTOSINO TAMBIÉN ESTÁ VINCULADO
Héctor Portales Ávila, un empresario potosino vinculado a políticos de la Huasteca, se encuentra entre los detenidos por ser parte de una red que introdujo al País millones de litros de gasolina en buques sin pagar impuestos, informó el periódico REFORMA.
Portales Ávila es cuñado del Alcalde panista de Ébano, San Luis Potosí, José Guadalupe Ordaz Cruz, y familiar del empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien aspiraba a ser propuesto como candidato a la gubernatura por Morena.
Sánchez Zumaya, es propietario de Petrogesa, empresa que recibió contratos millonarios de Pemex entre 2021 y 2024, y fue denunciado penalmente por operar una presunta red de lavado con sus transacciones con la paraestatal.
Luego de denunciar a los hermanos Farías Laguna -sobrinos políticos del Almirante Rafael Ojeda, Secretario de Marina del sexenio anterior-, de encabezar una mafia delictiva en puertos y aduanas,
LOS MATAN POR HABER DENUNCIADO LA RED DE HUACHICOL
El Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre pasado en Manzanillo, Colima.
El 21 de octubre de 2024, también fue asesinada Magaly Janet Nava Ramos, Auxiliar «B» en la Delegación de la FGR en Colima, y el crimen es relacionado por la Fiscalía con la ejecución de Guerrero.
De acuerdo con la Fiscalía, tanto Nava como Guerrero fueron ejecutados con pistolas Águila calibre 9 milímetros Luger, y con el mismo modus operandi, ya que en ambos casos hubo dos sicarios en moto y la complicidad con sujetos a bordo de un carro.
Los homicidios son parte central de la indagatoria de la FGR contra el Vicealmirante Manuel Roberto Farías y su hermano, el Contralmirante Fernando Farías, acusados de encabezar una red de huachicol fiscal. El primero fue detenido el pasado 2 de septiembre y se encuentra preso en el Penal del Altiplano, y el segundo está prófugo.
