Por Alejandro Gallardo
En México, buscar culpables se ha convertido en un deporte nacional. Pero hoy, curiosamente, la lista de presuntos responsables excluye sistemáticamente a Claudia Sheinbaum, a Morena y a la nueva élite gobernante, un grupo que, paradójicamente, ha resultado más susceptible a la crítica que aquellos a quienes ellos mismos denunciaban por autoritarios durante el viejo régimen priista.
La historia es conocida. Durante décadas, la oposición incluidos muchos de los que hoy ocupan el poder, acusó al Estado de criminalizar la protesta, de tildar a los inconformes de agitadores, complotistas o desestabilizadores. Esa era la narrativa que justificaba marchas, tomas de plazas y resistencia civil.
Hoy, sin embargo, los papeles parecen invertidos.
Ahora resulta que los jóvenes de la generación Z, adultos, informados, ciudadanos plenos, son tachados de golpistas, manipulados o, peor aún, de representar un riesgo para el país. Antes se reivindicaba a la juventud como motor del cambio; hoy se le reprende por cuestionar al gobierno en turno. En vez de reconocer problemas reales como la inseguridad, la carestía y la corrupción, desde el poder se prefiere el argumento del complot y la narrativa de la víctima.
Porque la víctima, dicen, es la presidenta: la mujer que administra un presupuesto de 10 billones de pesos y que tiene bajo su mando a decenas de miles de elementos de las fuerzas armadas. Quien sufre, según sus simpatizantes, no son las familias devastadas por la violencia o la desaparición de un ser querido, sino la figura presidencial, vulnerable ante críticas y protestas.
El escándalo por el acoso contra la presidenta fue ejemplo de ello. Se habló más del agravio a la investidura o incluso de un posible montaje distractor, que de la falla evidente de su equipo de seguridad. En los años del viejo régimen, ese tipo de desvíos discursivos eran práctica común. Hoy, los que los denunciaban, los replican.
La creciente intolerancia llega incluso al derecho básico de la manifestación. Pretender investigar a quienes protestan o se expresan en redes sociales por “sospecha de desestabilización” no es nuevo en la historia mexicana; es, precisamente, el tipo de actitud autoritaria que la oposición de antaño, hoy transformada en Gobierno, decía combatir.
Estamos ante una reedición, más que ante una transformación.
Un ejemplo claro está en Sinaloa. La diputada federal de Morena Merary Villegas acusó que las protestas de agricultores que tomaron casetas de peaje tienen motivaciones políticas dictadas por la oposición.
Extraña acusación viniendo de un movimiento político que nació marchando, bloqueando calles y reclamando justicia social.
La legisladora no reconoce que fueron los gobiernos de su propio partido quienes retiraron la mayoría de los programas de apoyo al campo. Tampoco admite que los precios de garantía están por debajo del costo real de producción. Quizá por eso incomodó tanto que los agricultores colocaran una lona con fotografías de los legisladores de Morena, incluida ella, quienes no pudieron o quisieron defender un presupuesto digno para el próximo año.
Los productores pedían 7 mil millones de pesos, pero apenas consiguieron poco más de 600 millones, menos del 10% de lo solicitado.
Y aun así, el problema, dicen, no es la falta de apoyo, sino la “mano negra de la oposición”.
La ironía es amarga. Quienes ayer combatían la intolerancia, hoy la ejercen; quienes exigían apertura democrática, hoy sospechan de todo disenso. Quienes marchaban contra el autoritarismo, hoy repiten sus reflejos más viejos.
Así, ¿cómo pues?.
Triste, pero, es lo que hay.



