Felipe Guerrero Bojórquez
*La Fiscalía ha dejado de ser contrapeso para convertirse en oficina de la presidencia y acelerar sus investigaciones y detenciones solo contra los que incomodan al régimen.
No hay medias tintas. Con Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República, las instituciones fundamentales de la nación quedan completamente a merced del Poder Ejecutivo. Desde su ratificación en el Senado con la maquinaria legislativa al servicio del oficialismo, hasta la aceleración selectiva de carpetas, se compone un cuadro que debería preocupar a cualquiera que crea en el Estado de derecho.
Godoy no es una abogada independiente que se haya destacado por su imparcialidad jurídica; es una figura productivamente alineada con Claudia Sheinbaum desde tiempos militantes. Su nombramiento fue un acto político con «mayoría calificada», promovido desde el Ejecutivo y sellado por un Congreso subordinado. Jamás, nunca una elección institucional autónoma.
Y los primeros pasos lo confirman, pues la Fiscalía se ha lanzado con premura a desempolvar casos de exgobernadores del PRI y del PAN, sus opositores naturales, y contra voces críticas del régimen, como la de María Amparo Casar, directora de la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Mientras tanto, denuncias de presuntas tramas de corrupción relacionadas con altos círculos del propio poder en funciones (por ejemplo, el enorme boquete en Segalmex o huachicol fiscal con nexos al narco, la Barredora y estafadores de altos vuelos relacionados con funcionarios y líderes de MORENA), no han recibido la misma urgencia ni prioridad mediática.
Queda claro que no se trata de una Fiscalía independiente, sino de un brazo judicial operando en sincronía con el proyecto político hegemónico. La relativa autonomía del Ministerio Público, al menos consagrada constitucionalmente, parece haberse convertido en una vaga aspiración para transformarse, con la 4T, en un apéndice directo y sin ambages del Ejecutivo.
Y aquí está la trampa retórica del régimen: cuando Godoy promete “ni persecución ni impunidad”, está hablando en términos abstractos y políticos, no jurídicos ni equitativos. Mientras escalan las investigaciones sobre exfuncionarios opositores, la narrativa de justicia se usa como herramienta de legitimación del poder actual, no como una vara imparcial para todos los actores, sin importar su filiación partidista.
En otras palabras, la Fiscalía ha dejado de ser contrapeso para convertirse en oficina de la presidencia y acelerar sus investigaciones y detenciones solo contra los que incomodan al régimen. La protección y la impunidad para los de casa es evidente.
Así, lo que se celebra como cambio o nuevo impulso justiciero es, en el fondo, una sintonía perfecta entre poder político y acción penal, que no puede confundirse con independencia real. Si la impartición de justicia depende del color partidista de las víctimas y los acusados, entonces lo que tenemos no es una Fiscalía, sino un instrumento político con garrote.
La pregunta que queda en el aire, y que la sociedad mexicana debería plantearse a voz en cuello es:
¿Queremos una Fiscalía que castigue solo al pasado, o una que desafíe al poder presente con la misma severidad? Obvio, si queremos una fiscalía imparcialmente severa. Pero…La dramática realidad del centralismo feroz nos indica todo lo contrario.
