CIUDAD DE MÉXICO – El consorcio empresarial Grupo Salinas, liderado por su fundador y presidente Ricardo Salinas Pliego, ha formalizado una petición de auxilio internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia señala al Estado mexicano por ejecutar una estrategia sistemática de «persecución política» iniciada en el año 2023.
La acción legal se concretó durante una reunión de alto nivel en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C. La representación del grupo empresarial entregó el expediente directamente a Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Según el comunicado oficial, el documento de la queja expone presuntas violaciones graves a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El argumento central sostiene que el Gobierno de México ha utilizado de manera coordinada herramientas fiscales, judiciales y administrativas no para fines legítimos, sino como un mecanismo de castigo y censura.
Los Cuatro Ejes del Hostigamiento
Ante el organismo internacional, Grupo Salinas detalló cuatro pilares que, a su juicio, configuran un patrón de hostigamiento institucional:
*El uso de auditorías y créditos fiscales como arma de presión política.
*La manipulación de procesos legales para asfixiar la operación de las empresas del grupo.
*Represalias derivadas de la línea editorial de sus medios de comunicación.
*El despliegue de instituciones del Estado para estigmatizar y perseguir a la figura de Ricardo Salinas Pliego.
Esta denuncia se suma a otras voces en México que acusan el uso de las instituciones de justicia para fines políticos. Casos similares, como el que enfrenta la rectoría de la Universidad Autónoma de Campeche, sugieren para diversos analistas una tendencia donde el aparato estatal es utilizado para neutralizar figuras de oposición o contrapesos institucionales mediante la fabricación de delitos o señalamientos administrativos infundados.



