Por Felipe Guerrero Bojórquez
La reciente reunión celebrada en Miami, convocada por Donald Trump con varios líderes latinoamericanos, envió una señal política clara: México no fue invitado, pero sí declarado como el epicentro de la violencia de los cárteles en el hemisferio.
Desde ese foro, denominado «Escudo de las Américas», firmado por 12 líderes del continente, Trump describió a México como un país donde los cárteles han crecido hasta convertirse en una amenaza para la región.
“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros cárteles y redes terroristas». Queda claro que no se trata de una amenaza, sino de un consentimiento multinacional.
Pero Trump fue más allá: caricaturizó a la figura presidencial mexicana, en una expresión que rápidamente circuló en medios y redes. Una clara y pública burla de la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, imitando su forma de hablar para insinuar que su gobierno carece de la determinación necesaria para enfrentar al crimen organizado.
El episodio, más allá de su tono provocador, revela algo más profundo: la construcción de una narrativa internacional que presenta a México como un Estado progresivamente debilitado frente a organizaciones criminales cada vez más poderosas.
Durante años, agencias de seguridad estadounidenses y centros de análisis han advertido que los cárteles mexicanos ya no operan únicamente como organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas. Con el tiempo se han transformado en estructuras complejas que combinan poder financiero, capacidad armada, redes logísticas internacionales y control territorial en diversas regiones del país.
Lo que antes era visto como un problema de seguridad interna comienza ahora a ser presentado como un desafío regional.
En ese contexto, las palabras de Trump no deben leerse únicamente como parte de su estilo político confrontativo. También reflejan un cambio en el modo en que ciertos sectores del debate estadounidense interpretan la crisis de seguridad mexicana.
La narrativa del “narcoestado”, aunque discutible y muchas veces simplificadora, empieza a aparecer con mayor frecuencia en discursos políticos, análisis de seguridad y debates electorales en Estados Unidos.
El riesgo de esa narrativa es que transforma un problema complejo en un argumento geopolítico.
Si México es percibido internacionalmente como un país donde amplias zonas del territorio se encuentran bajo influencia criminal, el debate puede desplazarse desde la cooperación bilateral hacia escenarios más delicados: presión política, condicionamiento diplomático o incluso propuestas de intervención directa bajo el argumento de la seguridad hemisférica.
Ese tipo de planteamientos ya ha aparecido en el debate político estadounidense en los últimos años.
Paradójicamente, la retórica de Trump también encuentra eco en una parte de la sociedad mexicana profundamente frustrada por la expansión del crimen organizado. En regiones donde la violencia, la extorsión y el control territorial de los cárteles forman parte de la vida cotidiana, crece la percepción de que el Estado no ha logrado desmontar las estructuras criminales que operan con creciente sofisticación.
La frustración social frente a esa realidad puede producir una consecuencia inesperada: que algunos ciudadanos comiencen a ver con simpatía la idea de una presión internacional más fuerte sobre el gobierno mexicano para enfrentar al crimen organizado.
Pero ese escenario abre un dilema delicado.
La historia demuestra que las intervenciones externas rara vez llegan con un solo objetivo. Llegan acompañadas de intereses estratégicos, agendas políticas y efectos colaterales difíciles de prever.
Para México, el verdadero desafío no es responder a las provocaciones retóricas de Trump, sino evitar que la narrativa internacional sobre el país quede definida exclusivamente por la expansión del poder criminal.
La única manera de impedirlo es reconstruir con claridad la autoridad del Estado en aquellas regiones donde la presencia institucional ha sido erosionada por la violencia y la economía ilegal.
Mientras eso no ocurra, el riesgo no será únicamente la expansión territorial de los cárteles, sino también la consolidación de una percepción internacional que describa a México como un país donde el crimen organizado ha comenzado a disputar seriamente el poder del Estado.
Y en política internacional, las percepciones , aun cuando sean incompletas o exageradas, pueden terminar teniendo consecuencias tan reales como los hechos mismos.
