Felipe Guerrero Bojórquez
El fracaso de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados no debería sorprender a nadie. Lo verdaderamente revelador no fue el rechazo de la iniciativa, sino la reacción del régimen: lejos de abrir un debate, anunció de inmediato un Plan B para modificar la legislación electoral aprovechando su mayoría simple.
Es decir, cuando no alcanza la mayoría constitucional para cambiar las reglas del juego, se cambia lo que se pueda por la vía secundaria. Todo, por supuesto, a nombre del pueblo.
Esa abstracción, el pueblo, se ha convertido en la coartada perfecta del poder. Un concepto tan amplio como maleable que permite justificar cualquier decisión sin necesidad de consultar realmente a nadie. Porque si el gobierno habla en nombre del pueblo, entonces disentir se convierte casi en un acto de traición.
Lo curioso es que ni siquiera lograron convencer plenamente a sus propios aliados. No hubo negociación, ni deliberación seria, ni búsqueda de consensos. Morena y el régimen partieron de una premisa simple: la mayoría es suficiente para imponer.
Ricardo Monreal lo dijo sin rodeos: si la reforma constitucional se rechaza, vendrá el Plan B. Traducido al lenguaje político mexicano, eso significa recorrer el país “explicando” la reforma mientras se realiza una campaña anticipada. Algo que, como ya sabemos por experiencia reciente, difícilmente será sancionado por las autoridades electorales.
El paquete de cambios posibles se concentraría en leyes secundarias: reestructurar al INE bajo la bandera de la austeridad, modificar reglas de fiscalización, alterar el sistema de representación proporcional y ajustar las normas de precampañas. También abriría el camino para que el INE organice la elección popular de jueces y magistrados prevista en la reforma judicial.
Cada modificación puede parecer técnica-administrativa. Pero juntas forman un diseño político: reducir contrapesos, ampliar márgenes de control y ajustar las reglas electorales al partido dominante.
Nada de esto es nuevo en la historia latinoamericana.
El chavismo en Venezuela comenzó de manera muy parecida. Hugo Chávez llegó al poder por la vía electoral y, desde el inicio, impulsó cambios constitucionales bajo la narrativa de la voluntad popular. Después vino la captura del Tribunal Supremo, la expansión del poder presidencial y la creación de un andamiaje jurídico que convirtió las instituciones en extensiones del Ejecutivo.
Cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional en 2015, el Tribunal Supremo simplemente declaró al parlamento en desacato y transfirió sus funciones a órganos controlados por el propio chavismo. Para entonces, la democracia ya era apenas una fachada.
El guion es conocido: primero se gana con votos, después se modifican las reglas, luego se neutralizan los contrapesos y finalmente el poder se vuelve permanente.
México no es Venezuela. Tiene instituciones más robustas, una sociedad más plural y una historia política distinta. Pero también tiene algo que debería encender las alarmas: un gobierno que insiste en hablar en nombre de todos mientras concentra cada vez más poder.
La democracia no se destruye de un día para otro. Se desgasta lentamente, reforma tras reforma, decreto tras decreto, hasta que un día descubrimos que ya no quedan contrapesos.
Y entonces el pueblo, ese mismo en cuyo nombre se hizo todo, descubre que ya no tiene a quién reclamarle.
Y es que el poder, cuando lo que quiere es gobernar sin límites, deja de escuchar, incluso al pueblo que dice representar. Y en México ya lo está haciendo.
Aguas: ese es el verdadero Plan B. El último apretón político-jurídico para cerrar la pinza, aunque muchos, como en su tiempo en Venezuela, no lo crean.
