- La Fiscal General, Luz Adriana Camargo, confirmó que la disidencia de las FARC fue la autora intelectual del asesinato del senador y precandidato presidencial. Se ofrece una recompensa de 1.3 millones de dólares por el paradero de Márquez.
Bogotá, D.C. — En un giro determinante para la justicia colombiana, la Fiscalía General de la Nación dictó órdenes de captura contra Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», y seis cabecillas más de la Segunda Marquetalia. Las autoridades los señalan como los cerebros detrás del atentado que acabó con la vida del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, un crimen que ha conmocionado al país y reconfigurado el tablero político de cara a las elecciones presidenciales.
La decisión judicial se sustenta en las revelaciones de Simeón Pérez Marroquín, alias «El Viejo», quien recientemente fue condenado a 22 años y cuatro meses de prisión. En su testimonio como coordinador logístico del ataque, Pérez Marroquín confesó que la orden de «eliminar» al líder de la oposición provino directamente de la comandancia de la disidencia en el Caquetá, bajo la supervisión de mandos como «Jhon 40» y «Zarco Aldinever».
Un magnicidio con fines políticos
La fiscal Luz Adriana Camargo detalló que el ataque perpetrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá no fue un hecho aislado ni producto de la delincuencia común, sino un acto de terrorismo político planificado para desestabilizar el proceso democrático.
«Las pruebas indican que la Segunda Marquetalia financió y coordinó cada paso del magnicidio. No descansaremos hasta que los autores intelectuales, hoy prófugos, comparezcan ante la justicia», afirmó la Fiscal durante la rueda de prensa.
Para acelerar los resultados, el Gobierno Nacional y la Policía Nacional anunciaron recompensas millonarias:
Hasta 5,000 millones de pesos (aprox. 1.3 millones de dólares) por Iván Márquez.
Hasta 4,000 millones de pesos por otros mandos como «Jhon 40» y «Zarco Aldinever».
Impacto en la opinión pública y el debate político
El anuncio ocurre en medio de un clima de alta tensión. Figuras de la oposición y diversos sectores sociales han exigido claridad sobre los nexos de estos grupos armados. Paralelamente, en redes sociales y debates públicos, se han generado fuertes controversias que vinculan indirectamente a figuras del oficialismo, como el senador Iván Cepeda, con el entorno de los implicados debido a sus roles previos en procesos de paz. No obstante, el senador Cepeda ha calificado estas acusaciones como una «infamia política», mientras que el presidente Gustavo Petro ha instado a la Fiscalía a profundizar en la hipótesis de la «Junta del Narcotráfico» como motor del crimen.
Con esta orden de captura, Colombia enfrenta uno de los desafíos judiciales más grandes de su historia reciente, buscando cerrar la herida abierta por el asesinato de uno de los políticos más jóvenes y destacados de la oposición, cuya muerte sigue marcando la agenda de seguridad y justicia en 2026.



