Felipe Guerrero Bojórquez
Hay mucho ruido. No en las graderías, sino en el centro del poder. Al legislativo llegó un plan B electoral que nunca nadie pidió, pero que se diseñó a nombre del pueblo.
¿Alguien recuerda que desde los municipios, a nombre de la austeridad, se haya pedido reducción o aumento del número de regidores? ¿Quién pidió desde los Congresos de los estados un tope a los presupuestos aduciendo derroche de recursos y gastos excesivos?.¿No hayan acaso de dónde sacar dinero para solventar la pesada carga que les representa los programas sociales? Donde por cierto es ahí donde urge la auditoría y la transparencia, porque hay señalamientos de corrupción y de desvíos millonarios.
Pero hay otra pregunta sustancial que hasta ahora se ha perfilado pero que no ha entrado a los alegatos parlamentarios: ¿Tiene sustento constitucional un “Plan B” que pretende alterar la integración de los ayuntamientos, tocar el equilibrio de los estados y vulnerar la autonomía municipal?
Y hay más preguntas:
¿Se puede reformar el sistema electoral sin consenso, sin mayoría calificada y, aun así, pretender legitimidad democrática?
¿A qué juega realmente el régimen y la presidente Sheinbaum?
¿Para qué insistir en una revocación de mandato que nadie solicita, salvo el propio poder?
¿Y por qué el afán de aparecer en la boleta en 2027 bajo el argumento de “consultar al pueblo”, cuando en los hechos se abre la puerta a una campaña desde Palacio?
Las respuestas no están en el debate porque no hay debate. La respuestas están en la conducta y en los hechos ofrecidos desde el poder.
El puño está tan apretado, que hasta el Partido del Trabajo estuvo ausente del procedimiento en comisiones y el Partido Verde se puso en modo de reserva. Incluso el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, admitió lo hasta hoy evidente: no hay mayoría calificada.
¿Y cuál entonces es el verdadero fondo del «Plan B»?
Hacer constitucional lo que no es constitucional. Eludir el debate técnico-jurídico y trazar una ruta política por encima del espíritu democrático que debería sustentar a la norma electoral. El régimen se resiste en competir en condiciones de equidad. Por eso quiere modificar las reglas del juego inventando fórmulas que atentan contra la pluralidad y el contrapeso democrático. Y por eso quiere llevar en la boleta a la propia Presidente Sheinbaum para que haga campaña, noche y día, con recursos públicos, a favor de Morena y sus candidatos.
Lo que del «Plan B» se advierte, tal como está planteado, es el riesgo de la inequidad en la contienda hasta la tentación de un sistema cada vez más centralizado, donde el árbitro se debilita y el jugador en el poder se fortalece.
Lo que también queda claro es que con esta propuesta se está construyendo un modelo para que la ley se adapte al poder y no el poder a la ley. Y es que, efectivamente, se intenta rediseñar las reglas sin el consenso político mínimo y sin que de por medio se haya dado una solicitud expresa de los ciudadanos.
Ahora resulta que el poder está muy interesado en someterse a la consideración del pueblo, ese del que presume su apoyo. Y aquí puede estar el meollo de la perversidad o el miedo.
MINI-CHISPAZO
La inflación se está disparando. Y aún más con el aumento infame a la gasolina Premium que superó los $28.50 y el diésel que se fue a los $29.50, ello más el aumento al precio de los fertilizantes. Pronto el sector transportista y agrícola reaccionarán y al final quien pagará los platos rotos será el consumidor. De por sí, las amas de casa no se la acaban con el gasto, porque lo que en diciembre pasado compraban con mil pesos, hoy tienen que hacerlo con mil quinientos. ¿Y el salario mínimo que tanto presumen? Ya se hizo trizas.



