MAZATLÁN, SIN. – Lo que inició como una detención de tránsito la madrugada del pasado 30 de marzo, se ha transformado en un escándalo de presunta corrupción y fabricación de pruebas.
El licenciado Alejandro Escalante abogado de dos profesores de educación física, identificados como Dagoberto «N» y Cuauhtémoc “N”, denunció públicamente que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (HARFUCHS) orquestaron un montaje para involucrarlos en actividades ilícitas.
Un operativo bajo la sombra de la duda
Según la defensa, los docentes circulaban en un vehículo blanco cuando fueron interceptados por civiles armados que se identificaron como agentes federales. La autoridad sostiene que los jóvenes portaban 43 dosis de metanfetamina y casi medio kilo de “cristal”, además de cargadores para armas de fuego.
Sin embargo, el litigante calificó de «absurda» la narrativa oficial. Asegura que los agentes declararon haber visto al copiloto arrojar cargadores al asiento trasero a través de vidrios polarizados en plena oscuridad (01:20 horas), una visibilidad que —argumentan— es físicamente imposible. Además, denunció la ausencia de una cadena de custodia, pues no existen fotografías ni videos que fijen el hallazgo de la droga en el sitio.
“Relleno” de carpetas: La estrategia del engaño
La denuncia social más grave apunta a una manipulación del sistema judicial para inflar resultados operativos. El abogado señala que la detención de los maestros fue «insertada» de forma arbitraria en una carpeta de investigación (No. 402-2026) correspondiente a un cateo en la Hacienda del Seminario, un evento totalmente ajeno y ocurrido en un lugar distinto.
«Como no les fue bien en el cateo, tuvieron que buscar gente para agrandar el operativo. Metieron a los maestros en la misma carpeta para presentar trabajo ante sus superiores», sentenció la defensa.

Justicia bajo sospecha: El sistema como medio de extorsión
El caso ha puesto bajo la lupa el actuar del Poder Judicial. El abogado criticó que el Juez de Control calificara de legal la detención ignorando las anomalías técnicas. Asimismo, alertó que el traslado de los jóvenes al CEFERESO No. 8 en Guasave para audiencias vía Zoom violenta el derecho a una defensa técnica y presencial.
Para los familiares y la defensa, este proceso es el reflejo de un sistema corrompido que utiliza la prisión preventiva como herramienta de extorsión, presionando a los acusados a aceptar «juicios abreviados» —donde se declaran culpables a cambio de su libertad— mediante acuerdos económicos con la Fiscalía.
PRÓXIMA AUDIENCIA: El destino jurídico de los profesores se decidirá este 6 de abril a las 09:30 horas. Mientras tanto, el gremio educativo y familiares exigen una revisión exhaustiva del caso, bajo la consigna de que la justicia no puede construirse a base de fabricaciones policiacas.
Ayer por la tarde, familiares, amigos, vecinos, alumnos y padres de familia de la Academia Dragones y del Club Muralla realizaron un plantón frente al monumento de El Valentino´s para exigir un juicio justo, pronto y expedito para los maestros Dagoberto y Cuauhtémoc.




