CIUDAD DE MÉXICO. – La reciente reforma constitucional que impone un límite a las llamadas «pensiones doradas» ha generado un intenso debate sobre la retroactividad de la ley.
Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la medida cuenta con un respaldo histórico que la vuelve constitucionalmente válida, según el análisis del fiscalista Luis Manuel Pérez de Hacha.
La reforma establece un tope máximo para las jubilaciones de organismos estatales equivalente al 50% del salario del Ejecutivo Federal, lo que sitúa el límite actual en aproximadamente $70,000 pesos mensuales.
Organismos afectados y excepciones
La restricción aplica directamente a las pensiones y jubilaciones de los sectores estratégicos y financieros del Estado, entre ellos:
Sector Energético Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Banca de Desarrollo NAFINSA, Bancomext, Banrural y Banobras.
Por el contrario, la normativa excluye de esta limitante a los miembros de las Fuerzas Armadas, los ahorros individuales en AFORES, las pensiones derivadas de aportaciones sindicales propias y los apoyos no contributivos para adultos mayores.
El debate de la retroactividad
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es su aplicación hacia el pasado. Una disposición transitoria señala que la restricción operará a partir de la entrada en vigor del decreto, afectando incluso a quienes ya gozaban de pensiones superiores al tope establecido.
Al respecto, Pérez de Hacha explica que, aunque en leyes ordinarias la retroactividad está prohibida si perjudica a una persona, en el ámbito constitucional el criterio es distinto:
“La garantía de irretroactividad opera solo respecto de leyes ordinarias y no de disposiciones constitucionales.
Según criterios de la Suprema Corte de Justicia que datan desde 1935, las disposiciones constitucionales pueden ser perfectamente retroactivas”, señaló el especialista.
Conclusión legal
Bajo este precedente jurídico, el tope a las pensiones se considera perfectamente válido. Al ser la Constitución la norma suprema, tiene la facultad de modificar situaciones jurídicas previas en beneficio del interés general, sin que los ciudadanos puedan invocar «derechos adquiridos» para evadir el nuevo mandato constitucional.
Con esta medida, el sistema jurídico mexicano busca armonizar las percepciones de los exfuncionarios con la política de austeridad y equilibrio presupuestario del país.



