Felipe Guerrero Bojórquez
Rubén Rocha Moya no ha sido sentenciado por un juez, pero ya fue alcanzado por una condena política de enorme potencia. Y a veces, en el ejercicio del poder, esa condena resulta más devastadora que cualquier proceso penal. Un expediente judicial puede tardar años, pero la erosión de la legitimidad, en cambio, comienza en el instante mismo en que el poder pierde la capacidad de presumirse limpio.
La acusación formal, desclasificada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, coloca al gobernador de Sinaloa en una zona de altísimo riesgo político, institucional y moral. No se trata de una insinuación vaga ni de un señalamiento lanzado al aire por una autoridad menor. Se trata de un documento oficial del sistema judicial estadounidense que lo ubica, junto a otros altos funcionarios y mandos de seguridad, dentro de una presunta red de protección al Cártel de Sinaloa. Grave. Gravísimo. Y en esa acusación no aparece un funcionario solo rebasado por la violencia, sino algo mucho peor: un poder presuntamente entrelazado con ella.
Conviene subrayarlo con precisión y con toda claridad: jurídicamente, Rocha sigue siendo inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Ésa es la única posición compatible con el Estado de derecho. Pero políticamente sería una ingenuidad fingir que una acusación de este tamaño no cambia todo. Sí lo cambia. Lo cambia de golpe y porrazo. Lo cambia a fondo en todos los sentidos de la política. Y lo cambia para mal. Lo que haga o deje de hacer el gobernador está ya marcado por la debilidad y el estigma.
¿Por qué? Porque el documento no describe una simple omisión, o una tolerancia pasiva frente al crimen. Lo que la acusación plantea es una hipótesis mucho más grave: la de una estructura de gobierno y seguridad que habría servido para proteger operaciones criminales, filtrar información sensible, garantizar impunidad, resguardar cargamentos de droga y aceitar, mediante corrupción y violencia, la maquinaria del narcotráfico. Es decir, no habla de infiltración marginal, aislada o específica, habla de una posible cooptación institucional.
Y en el caso del gobernador Rocha, el señalamiento central, el más potente y explosivo, por lo mismo, es también el más letal: que habría llegado al poder en 2021 con respaldo de “Los Chapitos”, quienes presuntamente intimidaron y secuestraron a rivales, para después ofrecer protección a esa facción del cártel desde la gubernatura. Si esa acusación se acredita, no estaríamos frente a un gobernador señalado por convivencia circunstancial con el crimen, sino ante la demolición total de la frontera jurídica, política y moral que debería haber entre autoridad y delincuencia. Ése es el tamaño del escándalo.
El problema para Rocha es que, aun antes de que un tribunal confirme o deseche la acusación, la devastación política ya comenzó. Desde hoy su gobierno queda bajo sospecha estructural. Cada decisión, cada declaración, cada silencio y cada movimiento serán leídos a la luz de esta imputación. Su palabra pierde fuerza. Su investidura pierde blindaje. Su autoridad entra en coma político, aunque siga despachando desde el Tercer Piso. Peor aún, cuando el rumor y la sospecha ya estaban instalados en ánimo ciudadano.
El poder no solo se sostiene con leyes, también se soporta en la credibilidad, esa que ante una acusación demoledora de un poder supranacional, se convierte en ruina.
Aquí no sólo está en juego el destino personal de Rocha. Lo que entra en crisis es la gobernabilidad en Sinaloa. Si de acuerdo a los jueces la acusación se sustenta en elementos sólidos, entonces la pregunta no será cuánta influencia tiene el narco sobre el Estado, sino cuánto Estado se encuentra al servicio del narco. Es decir, cuál es el tamaño del involucramiento. Y si la acusación no logra probarse, aun así quedará expuesta la fragilidad peligrosa de las instituciones mexicanas, incapaces de impedir que un gobernador sea colocado en el escaparate internacional de la sospecha criminal.
Vendrá ahora, inevitablemente, la guerra de narrativas. Sus defensores repetirán que todo son dichos no probados, y tendrán razón en el plano estrictamente legal. Sus adversarios reclamarán renuncia, licencia y deslinde, y también tendrán razón en el plano de la exigencia política. Pero entre una defensa jurídica correcta y una defensa política viable hay un abismo. Y ese es el abismo en el que ya cayó Rocha. Un abismo entre sus allegados y entre quienes no lo quieren. Abismo profundo como la polarización misma generada desde el régimen.
Porque nadie gobierna igual después de ser exhibido, desde Nueva York, como presunta pieza de una red criminal. Nadie conserva intacta la autoridad cuando la sospecha deja de ser local y se vuelve internacional, judicial y demoledora. Nadie administra una crisis así con boletines o declaraciones de que «estoy tranquilo y trabajando» . A partir de ahora, Rocha ya no gobierna con la voz completa: resiste. Ya no conduce con la protección incondicional: se aferra. Ya no encabeza un proceso normal de gobierno: sobrevive. Su sexenio empieza a desfondarse.
Cierto, la acusación no lo derriba por decreto, pero le perfora el piso ético-moral. Le incendia la legitimidad y le saca el oxígeno político.
En una palabra, la acusación del imperio lo deja manoteando en el peor de los desequilibrios políticos: un poder que sigue de pie sólo porque todavía no termina de caer.
En política hay golpes que no matan en el acto, pero dejan al herido caminando hacia su derrumbe. Y para Rubén Rocha, eso parece haber comenzado ya. Pero ya veremos.
