POR REDACCIÓN / CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MEXICO.-El sismo político en Sinaloa ha alcanzado magnitudes internacionales. De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Universal, el senador morenista Enrique Inzunza Cázares habría iniciado gestiones a través de un equipo legal en los Estados Unidos para acogerse a la figura de testigo cooperante ante el Departamento de Justicia (DOJ).
Esta maniobra ocurre apenas horas después de que su aliado político, Rubén Rocha Moya, solicitara licencia al cargo de gobernador, y en medio de una acusación formal que sitúa a Inzunza como la pieza operativa clave entre el Gobierno de Sinaloa y la facción de «Los Chapitos».
El «enlace» bajo la lupa del DOJ
Según las fuentes citadas por el rotativo nacional, Inzunza no es un actor menor en el expediente estadounidense. La acusación detalla que el exsecretario General de Gobierno fungió como el vínculo directo para transmitir comunicaciones entre los líderes del cártel y el Ejecutivo estatal.
Los puntos más graves de la imputación señalan:
Control Policial: Inzunza habría pactado, junto con Rocha Moya, entregar el control de la Policía Estatal de Sinaloa a la organización criminal a cambio de apoyo electoral.
Instalación de Cuadros: Se le acusa de colocar a funcionarios «a modo» en puestos estratégicos para garantizar la impunidad en el tráfico de fentanilo y armas.
Reuniones Directas: El documento menciona encuentros presenciales entre el senador y los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán para detallar los esquemas de protección.
La negociación: ¿Cárcel o protección?
La figura de testigo cooperante, según explica la fuente de El Universal, permitiría al sinaloense ofrecer información sustancial a cambio de beneficios en su proceso legal. Incluso, se menciona que de existir riesgos reales por su delación, podría ser integrado al programa federal de protección de testigos (WITSEC). Para estas gestiones, el senador habría contratado a abogados con licencia federal en territorio estadounidense.
La respuesta de Inzunza: «Es una calumnia»
Por su parte, Enrique Inzunza rompió el silencio a través de su cuenta de X, donde rechazó tajantemente las acusaciones. El legislador calificó la información como «calumnias y oprobio», argumentando que se trata de una represalia política por su reciente discurso en el Senado, donde defendió la soberanía nacional frente a la presunta presencia de agentes de la CIA en Chihuahua.
Con más de 25 años de carrera en el Poder Judicial, Inzunza apuesta por su trayectoria para desestimar los señalamientos, mientras el tablero político en Sinaloa se desmorona entre licencias, investigaciones federales y el fantasma de la traición interna.
