CULIACÁN, SINALOA. – El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, confirmó que, tras la aprobación de su licencia temporal al cargo, Rubén Rocha Moya ha dejado de contar con fuero constitucional, quedando a disposición de las autoridades para cualquier proceso de investigación.
En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el legislador señaló que esta separación busca otorgar «total libertad» a las indagatorias en las que el exmandatario se ha visto involucrado, particularmente en el marco de la cooperación binacional con el gobierno de los Estados Unidos.
Sin privilegios procesales ni salario
Valenzuela Sánchez destacó que la decisión de Rocha Moya se distancia de precedentes donde otros gobernantes utilizaron la protección legislativa para evitar la acción de la justicia.
«Al separarse del cargo, pierde el fuero constitucional. Es algo que él ve como un estadista; en otras ocasiones, otros gobernadores no lo habían hecho, incluso utilizaron la protección que les brindaban los congresos locales», afirmó el diputado.
Asimismo, se aclaró que la licencia fue otorgada sin goce de sueldo, por lo que Rocha Moya no percibirá recursos públicos mientras se enfoca en sus actividades personales y en su defensa legal.
Yeraldín Bonilla asume como Gobernadora Interina
Ante la ausencia del mandatario por un periodo que se prevé mayor a los 30 días, el Congreso del Estado dio cumplimiento a la Constitución local nombrando a Yeraldín Bonilla Valverde como gobernadora interina.
Bonilla Valverde hace historia al ser la primera mujer en asumir la titularidad del Ejecutivo en Sinaloa. Según el diputado Valenzuela, en caso de que Rocha Moya decida no reintegrarse al concluir las investigaciones de la Fiscalía, la licenciada Bonilla tendrá la facultad de terminar el periodo constitucional actual.
Llamado a la objetividad
Finalmente, el líder del Congreso sinaloense hizo un llamado a la opinión pública y a los medios de comunicación para evitar la estigmatización del estado con «notas rojas» sin fundamento, asegurando que las instituciones de la entidad operan con normalidad y bajo estricto apego a la ley durante este proceso de transición.



