La iniciativa busca frenar el desvío de recursos que deben traducirse en calles, hospitales y escuelas dignas para las familias sinaloenses.
- Es un esfuerzo ciudadano y pluripartidista (PRI, PAN, Movimiento Ciudadano) nacido de investigaciones que alertan sobre el monopolio en los contratos de infraestructura.
Culiacán.-Para que el dinero de los sinaloenses se quede en beneficio de la gente y no en los bolsillos de unos cuantos, la diputada Paola Gárate presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. El objetivo es claro: cerrar de raíz los espacios a la corrupción, garantizar una transparencia absoluta y asegurar que cada peso del presupuesto de infraestructura sirva para mejorar la calidad de vida en las comunidades.
La legisladora priista enfatizó que esta propuesta cuida el dinero de la ciudadanía y busca impedir que cualquier servidor público —sin importar su color partidista— desvíe los recursos que por derecho pertenecen a las familias sinaloenses para su desarrollo y bienestar.
«El presupuesto público no puede seguir siendo un botín económico ni político; cada peso desviado es una obra menos para las colonias y sindicaturas que más lo necesitan», señaló.
Un monopolio que afecta a los ciudadanos
Esta reforma no nace del escritorio, sino del pulso ciudadano. Es el resultado de un trabajo conjunto entre diputadas y diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, de la mano con organizaciones de la sociedad civil. La propuesta parte de los preocupantes hallazgos de Iniciativa Sinaloa, los cuales revelan una profunda desigualdad en la asignación de contratos: apenas 14 empresas y 11 grupos empresariales concentran el 57% de los recursos destinados a la obra pública estatal.
La urgencia del cambio se hace evidente al descubrir que solo tres agrupaciones de contratistas absorbieron más de 850 millones de pesos que debieron usarse para infraestructura municipal directly en los entornos de las familias.

Los pilares de la reforma: ¿Cómo se cuidará tu dinero?
Para devolverle el control de los recursos a la sociedad, la iniciativa propone cambios estructurales muy claros:
Se establecerán plazos obligatorios para publicar contratos, pagos reales, facturaciones y subcontrataciones. Ya no habrá secretos.
Obligará a identificar transparentemente al «beneficiario controlador» (los verdaderos dueños de las empresas). Dar datos falsos causará la cancelación inmediata del registro.
Se prohibirá la participación de constructoras boletinadas por el SAT por emitir facturas falsas.
Se fijará un límite máximo del 20% del presupuesto para asignaciones «a dedo», ya que la ley actual no tiene ningún tope, lo que se presta a favoritismos.
Se eliminarán los comités inoperantes y se creará un órgano de «testigos sociales» ciudadanos que vigilarán las obras con acceso a la información en tiempo real.
En el renglón de la justicia, se tipifican ocho nuevas infracciones con sanciones severas que incluyen multas de hasta el 15% del monto contratado, inhabilitaciones de tres a cinco años y la nulidad absoluta de los contratos en los casos más graves.
Al presentar el documento, Paola Gárate hizo un firme llamado a la mayoría legislativa de Morena y sus aliados para que dejen de lado los colores y voten a favor de la gente.
«Estamos en un momento clave para el futuro de la transparencia en Sinaloa. Aquí tienen una propuesta sólida y ciudadana para combatir la corrupción; no pueden seguir negándose a ver el problema», manifestó.
Finalmente, la diputada subrayó que el Congreso del Estado tiene hoy una decisión histórica: o permite que continúen las viejas prácticas de opacidad que lastiman a la población, o respalda una reforma verdaderamente transparente, justa y a la altura de lo que la sociedad sinaloense merece.



