Felipe Guerrero Bojórquez
En una democracia, un funcionario puede ser señalado, investigado, citado, procesado y, si es el caso, condenado. Para eso existen las leyes y para eso, en teoría, existen las instituciones.
Lo que no debería existir es esta zona oscura donde un gobernador pide licencia, un alcalde se aparta en la misma condición, un senador en activo se esfuma del escenario y nadie en el Estado mexicano puede, o quiere, decir con claridad dónde están, en qué condición jurídica se encuentran y qué está haciendo la autoridad frente a un hecho de semejante dimensión.
Cuando ayer la preguntaron a la Secretaría de Gobernación sobre el paradero de Rubén Rocha respondió al estilo de Vicente Fox: ¿Y yo por qué? La encargada de la seguridad nacional evadió y negó su responsabilidad de Estado. Ese es el punto delicado: no es sólo el tamaño de la acusación contra los funcionarios que desde hace 19 días están desaparecidos, sino el tamaño del silencio y de la evasiva oficial.
Porque si funcionarios menores desaparecen del mapa público, ya es grave. Pero si lo hacen un gobernador de un estado donde históricamente reina el crimen organizado, un alcalde de una capital donde opera centralmente el cártel más poderoso del mundo y un influyente Senador de la República , el asunto no es ni por asomo anecdótico, sino que se convierte en un problema de Estado. Un problema que arroja síntomas de descomposición, de miedo, de protección cruzada o, en el mejor de los casos, de un régimen rebasado por una crisis que no puede administrar sin recurrir a la opacidad.
Aquí no se trata de pedir linchamientos ni de suplir a los jueces. Nadie serio puede exigir condenas sin proceso. Pero tampoco se puede aceptar que la respuesta institucional ante una acusación de vínculos con el narcotráfico sea algo parecido a la evaporación, menos cuando la exigencia viene de un país vecino que históricamente se ha erigido como el gendarme del mundo. En un régimen democrático, la presunción de inocencia no equivale al derecho de borrarse del espacio público, sino al resguardo jurídico de lo que indica el tratado bilateral. No es admisible entonces, que la situación legal de los acusados se mantenga en el limbo, mientras se exige soberanía a los cuatro vientos. La responsabilidad y el equilibrio jurídico gubernamental no equivale al mutismo, ni a la protección al margen de la ley, sino a una posición clara de lo que está ocurriendo.
Cuando la propia Presidencia dice no saber del paradero de los acusados y Gobernación tampoco informa, lo que se produce es un vacío de autoridad. Y en política, el vacío casi siempre se llena con desconfianza y sospecha. Peor aún cuando las personas «desaparecidas» no son piezas administrativas de segundo nivel, sino figuras centrales del poder local y nacional. Ahí el mutismo deja de ser prudencia y empieza a parecer encubrimiento, presión o impotencia.
Lo cierto es que el gobierno mexicano evade o encubre una situación al interior y, ante la exigencia interna y externa, su reacción institucional no es clara. Al final lo que queda exhibido no es sólo la fragilidad de los señalados, sino la debilidad del Estado mexicano para hacerse cargo de sus propios cuadros. Es decir, no manda la ley, manda la opacidad, peligrosa en sí misma.
A estas alturas, la sola acusación de que estos funcionarios, empezando por Rubén Rocha, tienen presuntas ligas con el crimen organizado, erosiona la credibilidad del régimen. Por eso
lo mínimo exigible no es una sentencia, sino claridad de su situación y su resguardo. Lo mínimo debe ser una explicación jurídica seria, alejada del meme: «¿Y yo por qué?» Algo que permita sostener la idea de que el estado de derecho existe, sin que el desconcierto se imponga.
Lo peor sería normalizar el silencio y la evasiva.
Que altos funcionarios bajo una acusación explosiva desaparezcan y que eso no provoque una crisis política mayor. Que el país siga su marcha como si la ausencia de explicaciones fuera parte del paisaje. Como si en México ya hubiéramos aceptado que, cuando el poder entra en problemas serios, su primera reacción no es apelar a la ley, sino esconder a los suyos o bien retenerlos si les son incómodos. Todo esto detrás de la cortina del silencio o del ruido distractor.
