Por Víctor Flores
La ortodoxia más radical de la Cuarta Transformación no pide, exige por la vía del fast-track procesal la construcción de un mito opositor. Pareciera que el empeño de la Fiscalía General de la República por acorralar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lleva implícita la urgencia de fabricar, de manera involuntaria o torpe, a una «María Corina Machado» a la mexicana.
La pregunta que flota en los círculos del análisis es obligada: ¿Qué necesidad tiene el régimen de encumbrar a una figura disruptiva, atrayente y con arrastre en el norte del país, metiéndose de lleno en un desgaste acelerado rumbo a la sucesión del 2030?
El dilema no es menor y toca fibras sensibles de la geopolítica y la estabilidad interna.
Bien lo planteaba el periodista Ciro Gómez Leyva en su reciente espacio de debate: ¿Cuánta presión real aguantaría la Federación, tanto del exterior como del interior, con Maru Campos tras las rejas?
El propio comunicador sentenciaba que el costo político sería tan alto que el gobierno recularía en cuestión de minutos, devolviéndole la libertad a la chihuahuense, no sin antes mascullar maldiciones, sapos y culebras ante el fracaso de la embestida.
El escenario se vuelve aún más paradójico cuando se observa el panorama completo.
En los pasillos de Morena, la cofradía de jerarcas que hoy domina los destinos del movimiento camina bajo la densa y constante sombra de la sospecha mediática, persistentemente señalados por presuntos nexos con los cárteles de la droga y el crimen organizado.
Con ese flanco vulnerable permanentemente abierto, ¿de verdad creerán en la cúpula guinda que judicializar la política y colgarle el milagrito de «mártir» a la oposición les ayudará a legitimarse y mantenerse en el poder?
La historia demuestra que el tiro por la culata suele ser el destino de los excesos de poder.
El Mazatlán de Aparador y las Colonias en el Olvido
El reciente informe de la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz, donde la alcaldesa Estrella Palacios presume una reducción del 26% en la incidencia delictiva gracias al Operativo Baluarte, desnuda una marcada disociación de la realidad.
Al delimitar que los 1,500 elementos de la Marina concentran sus patrullajes en el Malecón, la Zona Dorada y Cerritos, el gobierno municipal confiesa que su prioridad es blindar la «vitrina turística» del puerto.
Mientras se cuida la fachada económica para los visitantes, las colonias populares y la periferia quedan desprotegidas, convirtiéndose en el escenario donde se ejecutan los delitos comunes y la violencia que golpea directamente a las familias mazatlecas.
Por otra parte, la supuesta tendencia a la baja en las estadísticas oficiales de robo de vehículos y motocicletas esconde una alarmante trampa institucional: el crecimiento de la cifra negra.
Atribuir estos números alegres a la eficiencia policial ignora que el despojo diario y el asalto son tan frecuentes y la impunidad tan evidente, que la ciudadanía ha optado por la no denuncia ante el miedo y la pérdida de confianza en sus autoridades.
La baja en el papel no refleja un puerto más seguro, sino una sociedad resignada y apática ante un sistema de justicia penal que percibe como inoperante.
Finalmente, cualquier narrativa de pacificación construida sobre la numeralia de escritorio palidece ante la realidad de las calles, donde en las últimas horas se registraron tres crímenes de alto impacto en distintos puntos de la ciudad.
Un solo homicidio violento tiene el peso específico para pulverizar cualquier porcentaje positivo de robos menores.
Presumir la militarización turística como un éxito de contención, mientras el Mazatlán real padece el asedio de la delincuencia organizada y el despojo patrimonial, evidencia una preocupante brecha entre el discurso oficial y el miedo legítimo con el que los ciudadanos salen a trabajar todos los días.
