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CHISPAZO /No se resguarda a Rocha, se resguarda al régimen

Felipe Guerrero Bojórquez

Omar García Harfuch negó que Rubén Rocha Moya estuviera resguardado por fuerzas federales y aseguró que su seguridad corría a cargo de la Policía Estatal.

A Rocha no se le ha visto desde que solicitó licencia. Y la ocasión en que supuestamente daría la cara, no solo no se dejó ver, sino que llegó fuertemente escoltado por camionetas blindadas, con vidrios polarizados, de la Marina y del Ejército, además de un amplio despliegue de elementos armados.

Fue entonces cuando se anunció que acudiría a declarar a las instalaciones de la FGR en Culiacán. ¿Formó parte de la escenificación?

La pregunta suena lógica: ¿por qué, si García Harfuch asegura que Rocha no está resguardado por fuerzas federales, acudió a la Fiscalía General de la República blindado hasta los dientes por el Ejército y la Marina?

¿Lo cuida, lo protege, lo resguarda o lo retiene el gobierno federal? La información disponible y los testimonios de ciudadanos que han observado la movilización blindada contradicen la versión de García Harfuch.

Los otros datos, los que el Ejército consigna en sus bitácoras de inteligencia, indicarían que un personaje prácticamente indiciado, bajo sospecha y con un expediente abierto desde las entrañas del imperio, no puede quedar en manos de una policía estatal o ministerial sobre la que también pesan dudas.

Es decir, una valiosa moneda de cambio no puede quedar suelta ni a merced de traiciones internas que apuestan por el silencio. Mucho menos ante las presiones de Estados Unidos, que busca garantizar, antes que cualquier otra cosa, la integridad física de una pieza clave en su cruzada contra lo que considera narco-política o narco-terrorismo.

El destino inmediato de Rubén Rocha no estaría, entonces, en manos de intereses locales ni de sus propias decisiones, porque ese destino, desde el primer momento en que presentó la licencia, fue capturado por el poder supremo que vio en riesgo su propio funcionamiento.

Cuando Rocha presentó su licencia como gobernador, lo hizo por la noche a través de un video grabado por la mañana. Es decir, cuando la decisión se hizo pública, ya llevaba horas bajo control de las fuerzas federales. El de “batequitas” no renunció por voluntad propia; nunca lo habría hecho. Renunció porque recibió la instrucción directa desde Palacio Nacional. Quiso rebelarse haciendo contacto con Palenque, pero desde allá le dijeron lo mismo. La inteligencia mexicana lo registra todo.

Desde entonces, desde horas antes del anuncio grabado, nadie ha vuelto a verlo. No existe constancia alguna de su paradero, y resulta absurdo pensar que aparece en el Tercer Piso a temprana hora, porque hoy nadie escapa al registro digital, sobre todo en video.

Por eso, lo dicho recientemente por un Omar García Harfuch, ahora errático y titubeante, no resulta creíble. Se infiere que lo afirma para evitar que se sospeche que, más que protegido, Rocha se ha convertido en rehén. Pero ha conseguido exactamente lo contrario. También lo dice para proyectar la idea de que el gobernador con licencia no goza de privilegios.

Sin embargo, la presión de Estados Unidos aumenta y el plazo de dos meses establecido en el tratado bilateral para el intercambio de criminales se agota, más aún cuando, por primera vez en este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum cede y anuncia con claridad que el proceso de extradición contra Rocha y el resto de los funcionarios requeridos estaría por iniciar.

¿Se trata de ganar más tiempo, de seguir estirando la liga? Ya no hay más tiempo; no para el régimen, sino para Donald Trump. No se trata solo de la presión del tratado ni de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Esto va más allá: México se ha convertido ante el mundo en el símbolo más claro de lo que el espíritu de la doctrina de Trump quiere combatir y destruir: el narcoterrorismo y a sus aliados, los narco-políticos. Y el mejor ejemplo de que nuestro país ya se convirtió en la piñata favorita en los afanes del Imperio, es la exhibida terrible que se hizo de la propia Presidente Sheinbaum en el marco de la reunión del llamado Grupo de los Siete: EU, Canadá, España, Francia. Alemania, Japón y Reino Unido. «Es buena, pero está asustada» y no puede ir contra «los cárteles que dominan a todo México». Uff.

Justamente esa es la clasificación, la categoría de políticos ligados al «naro-terrorismo», que las agencias de seguridad y los tribunales estadounidenses habrían otorgado al perfil de Rubén Rocha, Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez. Más allá del grado de culpabilidad o no de los implicados, el tema ya está instalado en una agenda bilateral intrincada que difícilmente dará marcha atrás. Estados Unidos no los absolverá y el gobierno mexicano se aferró tanto a la estrategia de la negación, que a estas alturas está más preparado para entregarlos que para seguir defendiéndolos.

No, lo dicho por García Harfuch no es creíble. Los otros datos de la inteligencia castrense lo desmienten. También los hechos. Hoy, más que nunca, a Rocha se le resguarda no precisamente por su seguridad en sí misma, sino por la seguridad de los pilares ideológicos y políticos del propio régimen. Y eso está más que claro.

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