Por la Redacción
Culiacán, Sinaloa.-En un duro revés para la estrategia de seguridad oficial, la justicia federal tuvo que entrar al quite. Un juez federal emitió una orden contundente que obliga a la Presidencia de la República y a toda la plana mayor de las fuerzas armadas y civiles a brindar, de manera inmediata, la protección que previamente le habían regateado a la diputada Paola Gárate y a su familia.
La resolución no se anda con rodeos: el mandato va dirigido directamente a Palacio Nacional, a la Secretaría de Gobernación, a la SEDENA, a la Marina, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Todas estas dependencias, señaladas por haber sido omisas ante el riesgo que corre la legisladora, ahora están atadas de manos legalmente y obligadas a garantizar rondines en su domicilio, auxilio inmediato y resguardo total.
Este «frenón» judicial llega tras la suspensión concedida en un juicio de amparo indirecto promovido por el equipo jurídico de Gárate, luego de que las autoridades ignoraran las amenazas e intimidaciones que ha sufrido en Sinaloa.
Al respecto, la diputada sinaloense no ocultó que la ley civil le terminó dando la razón frente a la inacción oficial: “Estamos haciendo lo conducente dentro del marco legal, la razón nos asiste… un juez federal decidió otorgarme la suspensión de plano y oficio para que se dictaran medidas para garantizar mi seguridad e integridad”.
Con las notificaciones ya entregadas, tanto la Presidencia como los secretarios de Estado no tienen margen de error ni excusas para seguir mirando hacia otro lado; la orden judicial se cumple o se cumple.
