Ciudad de México. — En un sorpresivo operativo federal, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya.
La captura, ejecutada por agentes de la Policía Federal Ministerial (AIC) en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimenta la orden de aprehensión vigente en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), ligado al caso Agronitrogenados.
La ruta del dinero: La acusación de la FGR
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, Gilda Susana Lozoya es señalada como una pieza clave en el esquema de corrupción de la pasada administración. Las autoridades sostienen que fungió como beneficiaria y prestanombres de la empresa Tochos Holding.
A través de dicha firma, presuntamente se triangularon los millonarios sobornos entregados por la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), recursos que posteriormente se habrían utilizado para la adquisición ilícita de bienes inmuebles, entre ellos una residencia en el exclusivo sector de Lomas de Bezares en la capital del país.
Defensa acusa «uso desmedido de la fuerza»
Tras el arresto, la FGR difundió las imágenes de la lectura de derechos de la detenida. Por su parte, el abogado defensor, Alejandro Rosas Pruneda, confirmó que su clienta ya fue trasladada y puesta a disposición de un juez federal de control en la Ciudad de México para el inicio de la audiencia inicial, donde se definirá su situación jurídica.
No obstante, el litigante acusó públicamente que existió un «uso desmedido de la fuerza» y una «sobreexposición mediática» por parte de los elementos federales al momento de someter y esposar a Lozoya Austin en la terminal aérea.
Se espera que en las próximas horas la defensa solicite la duplicidad del término constitucional para aportar pruebas, mientras la Fiscalía buscará que se le dicte la medida cautelar de prisión preventiva justificada, argumentando un elevado riesgo de fuga debido al contexto del caso.
