Ciudad de México — En un hecho inusual que refleja la tensión política y de seguridad en el país, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal emitió este jueves 9 de julio de 2026 una carta aclaratoria categórica para desmentir las versiones periodísticas que afirmaban la existencia de un operativo militar secreto destinado a mover de locación y ocultar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con las columnas publicadas horas antes por los periodistas Carlos Loret de Mola (en El Universal) y Raymundo Riva Palacio (en El Financiero), las fuerzas federales mexicanas habrían reubicado de emergencia al mandatario estatal ante el temor fundado de una inminente captura y extracción ilegal del país por parte de agencias de inteligencia de los Estados Unidos.
Las versiones periodísticas: Alerta de «extracción»
La controversia se encendió a primera hora de este jueves tras la difusión de los espacios de opinión de ambos comunicadores, quienes coincidieron en que el entorno de Rocha Moya entró en una fase de «alerta máxima» a inicios de esta semana.
La versión de Carlos Loret de Mola
En su columna titulada «El operativo», el periodista aseguró que el Gobierno de México detectó movimientos de agencias estadounidenses que sugerían una operación encubierta para detener a Rocha Moya en suelo mexicano y trasladarlo a EE. UU., en el contexto de las investigaciones por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Según Loret, esto detonó una movilización intempestiva de fuerzas federales para mover al gobernador con licencia bajo un «absoluto secreto» y evitar que quedara expuesto.
La versión de Raymundo Riva Palacio
El analista detalló que el político sinaloense se ha mantenido bajo un fuerte esquema de resguardo y supervisión por parte del aparato del Estado mexicano en la zona norte de Culiacán, no solo por su seguridad, sino bajo una lógica de estricto control político y judicial ante el asedio de las cortes norteamericanas.
La respuesta oficial: «Absolutamente falso»
Ante el impacto de estas publicaciones, el Gabinete de Seguridad federal —conformado en un bloque unificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciencia (SSPC)— redactó una carta aclaratoria dirigida a la dirección editorial de El Universal.
En el documento, las instituciones de seguridad afirmaron que la narrativa descrita en los textos periodísticos carece de todo sustento real:
«El Gabinete de Seguridad federal rechaza de manera tajante las versiones vertidas sobre un supuesto operativo para cambiar de ubicación, custodiar en instalaciones militares u ocultar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Dicha información es absolutamente falsa.»
Las autoridades enfatizaron que el Ejército Mexicano y el resto de las corporaciones federales operan estrictamente bajo el marco de la ley y que no existe ningún despliegue táctico enfocado en encubrir o sustraer de la acción de la justicia (nacional o extranjera) a ningún funcionario o exfuncionario público.
Respaldo desde la Presidencia de la República
El desmentido institucional fue reforzado minutos más tarde por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. A pregunta expresa de los medios de comunicación, la mandataria respaldó la postura del Gabinete de Seguridad y ofreció detalles sobre el estatus actual de Rocha Moya.
«Es totalmente falso lo que se publicó esta mañana. No hay ningún operativo de protección ni de ocultamiento. El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya se encuentra en su domicilio particular, realizando sus actividades habituales dentro de lo que su situación le permite. Nuestro gobierno no encubre a nadie, pero tampoco vamos a permitir que se inventen fábulas sobre supuestas intervenciones extranjeras o complicidades de nuestras Fuerzas Armadas», sentenció la titular del Ejecutivo.
Con esta doble respuesta —la carta formal del aparato de inteligencia y la declaración de la presidenta—, el Gobierno Federal busca frenar las especulaciones en torno al caso Sinaloa, el cual mantiene un alto nivel de escrutinio público debido a los procesos judiciales abiertos en Estados Unidos contra los líderes del narcotráfico en la región y las declaraciones que salpican a la clase política local.



