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¿Quién va a pagar el plato roto? Exigen castigo para funcionarios que le costaron 13 millones de pesos a los mazatlecos

MAZATLÁN, SIN. — Mientras las colonias del puerto claman por agua potable, calles pavimentadas y servicios públicos dignos, el dinero de los ciudadanos se sigue yendo por el caño de la negligencia gubernamental. Esta vez, una serie de «caprichos» y omisiones jurídicas cometidas por funcionarios públicos terminaron en una fulminante sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento de Mazatlán a pagar más de 13 millones de pesos a un particular.

Ante este descarado boquete financiero al erario, el regidor del PAN, Felipe Parada Valdivia, levantó la voz y acudió al Órgano Interno de Control (OIC) para presentar una denuncia formal. La exigencia es clara y contundente: que se investigue hasta las últimas consecuencias y que los responsables paguen de su propio bolsillo, porque el pueblo no tiene por qué financiar la incompetencia de nadie.

La ruta de la irresponsabilidad: De 2018 a 2022

El millonario golpe al patrimonio de las familias mazatlecas no ocurrió de la noche a la mañana. De acuerdo con el edil, el Cabildo fue notificado apenas el viernes pasado de la resolución de un juicio que arrastra una larga estela de ineptitud en dos administraciones distintas:

El origen (2018): Una acción de gobierno tomada «a capricho», sin el más mínimo rigor ni cuidado jurídico.

El remate (2022): Otro funcionario, actuando con total irresponsabilidad, tomó decisiones que terminaron por sepultar la defensa delmunicipio y le dieron el triunfo de bandeja de plata al demandante.

«Gracias a esa irresponsabilidad, hoy los mazatlecos tenemos que pagar más de 13 millones de pesos del dinero del erario. Este dinero puede servir para servicios públicos, para agua potable, para muchas cosas que nos hacen falta… Hoy se tiene que pagar a un particular por esas acciones irresponsables», tronó Parada Valdivia.

¡Basta de impunidad burocrática!

El reclamo social que abandera esta denuncia pone el dedo en la llaga de un mal endémico en el servicio público: los funcionarios se van, pero las deudas se le quedan al ciudadano. Parada Valdivia advirtió que no quitará el dedo del renglón y dará un seguimiento puntual a la denuncia ante el OIC para que no quede en un simple «carpetazo» de archivo.

La ciudadanía exige un cese a los experimentos políticos y a las malas decisiones jurídicas que desangran las finanzas públicas. Si un funcionario comete un error por negligencia o soberbia, la ley debe obligarlo a responder con su patrimonio, no con el dinero que debería usarse para mejorar la calidad de vida en Mazatlán. No podemos permitir que, por el descuido de unos cuantos, terminemos pagando todos.

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