MAZATLÁN, Sin. — Baches, violencia imparable y ahora, trabas para ir a trabajar. La reciente medida del Ayuntamiento de Mazatlán de limitar el tránsito a una sola persona por motocicleta encendió las alarmas sociales al ser catalogada como un embate directo contra la economía popular y un intento de recaudación disfrazado de seguridad pública.
Representantes políticos y sectores sociales advirtieron que la norma impacta de lleno a la clase trabajadora —albañiles, empleados de la construcción, servicios y hotelería—, quienes diariamente comparten trayectos y gastos de combustible para trasladarse hacia zonas de obras en desarrollo como Cerritos o la salida norte de la ciudad.
«Las motocicletas están diseñadas para dos personas y los trabajadores se apoyan entre sí cooperándose para la gasolina. Lo que la alcaldesa presenta es un plan recaudatorio disfrazado que castiga al que menos tiene», denunció José Luis Arreola Montoya, representante del CDE del PRI en la zona sur.
Multas desproporcionadas y retenes inútiles
El impacto económico para las familias trabajadoras amenaza con ser demoledor. En caso de no contar con la documentación en regla durante los operativos, el traslado del vehículo al corralón municipal y el pago de sanciones puede representar un desembolso de entre 5,000 y 7,000 pesos, una cifra que supera con frecuencia el ingreso mensual de un obrero, expuso el dirigente tricolor en los municipios del sur.
Aunado al castigo financiero, ciudadanos y críticos señalan la ineficacia histórica de estas acciones viales:
Los retenes viales no han demostrado ser eficaces para detener a generadores de violencia ni para reducir los índices delictivos de alto impacto en el municipio.
Mientras la estrategia municipal se concentra en sancionar la movilidad obrera, la violencia de alto impacto continúa cobrando vidas en la región.
Exigen freno a la persecución vial
Ante este panorama, Arreola Montoya, dirigente priista exige a las autoridades municipales frenar el acoso administrativo a los motociclistas trabajadores y reorientar los esfuerzos hacia una verdadera estrategia de seguridad que ataque el delito de fondo, en lugar de criminalizar el medio de transporte de las familias mazatlecas.



