Felipe Guerrero Bojórquez
Gerardo Mérida Sánchez salió de la prisión federal de Brooklyn y, desde el pasado 11 de agosto, dejó de aparecer bajo custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos.
Eso no significa que su proceso haya terminado ni que esté simplemente en libertad. Significa, seguramente, que solo cambió su condición de detenido a partir de acuerdos con la justicia estadounidense. ¿Testigo protegido? Que tiemblen los que tengan motivos para hacerlo.
Ninguna autoridad ha confirmado que Mérida haya firmado un acuerdo de colaboración. Por tanto, no puede afirmarse, pero tampoco descartarse.
Sin embargo, el antecedente de Ovidio Guzmán López y de su hermano Joaquín permite plantear la hipótesis: ambos dejaron de aparecer bajo custodia ordinaria mientras avanzaban sus procesos de cooperación con Estados Unidos. ¿Dónde están? La protección lleva incluso al cambio de identidad.
Mérida, además, hizo algo que sus principales coacusados sinaloenses no se atrevieron a hacer: se entregó voluntariamente y se dice que con el aval de sus superiores del Ejército.
No es cualquier personaje y sabe muy bien lo que hizo. Es general retirado, con una larga carrera en el Ejército mexicano, y dirigió la Escuela Militar de Inteligencia. Después fue secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, una posición desde la cual pudo conocer el funcionamiento de las estructuras políticas y de seguridad del estado. Y el entramado de vínculos y relaciones corruptas.
¿Qué supo sobre Rubén Rocha Moya, su gobierno, sus colaboradores y su entorno? ¿Qué información tuvo sobre personas cercanas al gobernador? Y si las versiones sobre posibles vínculos alcanzan incluso a personajes del poder nacional, incluidos los hijos del expresidente López Obrador. Por eso surge la interrogante de si Mérida está colaborando ¿hasta dónde ha llegado y podría llegar la información?
Desde luego, de esto no hay ni habrá evidencia pública tangible, pero el sistema de justicia estadounidense maneja el testimonio protegido, una figura que le permite obtener el máximo de información a cambio de reducir penas, evitar la cárcel al acusado y recluirlo bajo custodia domiciliaria; en algunos casos, incluso, cambiar la identidad del testigo.
Por supuesto que el momento resulta sugestivo. Mientras Mérida desaparece del sistema penitenciario ordinario estadounidense, Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez Mendívil llevan más de cien días bajo la sombra, desaparecidos desde que estalló el expediente estadounidense. ¿Dónde están?
Fuentes cercanas del gobierno, hablan al menos de que Rocha, y aún más Juan de Dios, padecen de una situación emocional difícil. No es para menos. No ignoran que sobre ellos podría pesar más lo que Mérida haya dicho, o pueda decir, ante los fiscales estadounidenses que cualquier defensa pronunciada en México.
Si existiera una negociación, el general tendría algo que ofrecer: información verificable sobre otros involucrados, incluyendo la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, quien fungió como subsecretaria de seguridad mientras Mérida ejercía la titularidad.
Hay en todo esto otra pieza enigmática: Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rocha.
En mayo se informó que se había entregado a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, meses después no existe públicamente una comparecencia ante la Corte, no aparece bajo custodia del Buró Federal de Prisiones y su paradero sigue siendo desconocido.
¿Dónde está Enrique Díaz?
Su cargo le permitió conocer el manejo y la distribución de los recursos estatales. Eso no demuestra participación ilícita, pero explica por qué cualquier información en su poder podría ser relevante para una investigación sobre posibles redes de protección, corrupción, financiamiento y responsabilidades.
El escenario es peculiar: un general acusado que se entregó y ahora dejó la prisión; un exsecretario de Finanzas cuyo paradero es un misterio; y tres figuras centrales del rochismo bajo la sombra de una acusación estadounidense que no solo no desaparece sino que podría tener más pruebas sólidas.
Quizá Mérida solo haya cambiado de condición jurídica. Quizá exista una explicación procesal ordinaria. Pero es muy probable que haya decidido hablar.
Y tratándose de un hombre que dirigió la escuela de inteligencia militar, conoció desde dentro la seguridad de Sinaloa y trabajó directamente en el gobierno de Rocha, lo que menos podría importar para algunos es dónde está ahora, sino qué información proporcionó, qué sabe, qué dijo y hasta dónde llegó.
