CULIACÁN, SIN. — A dos años del estallido de la crisis de seguridad en Sinaloa, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) descalificó las cifras oficiales de pacificación presentadas por el Gobierno Federal y exigió la implementación de un plan de rescate económico y de seguridad integral para la entidad, al tiempo que llamó a la oposición a consolidar un frente común rumbo a 2027.
En la conferencia de prensa PRImero Infórmate, el líder estatal del tricolor, César Emiliano Gerardo Lugo, señaló que el discurso oficial no empata con la realidad que enfrentan los ciudadanos cotidianamente en calles y escuelas. Como muestra de la gravedad de la crisis, el dirigente presentó un balance de los impactos acumulados en estos 730 días:
3,175 homicidios y 4,125 personas desaparecidas (con un 70 % aún sin localizar).
174 menores de edad asesinados y 344 desaparecidos.
12,431 vehículos robados, 3,948 comercios asaltados y alrededor de 3,000 familias desplazadas.
35 % de caída en la economía estatal, la pérdida de 54,000 empleos y el cierre de cerca de 7,000 negocios, dejando pérdidas estimadas en 170 mil millones de pesos.
Ante esta coyuntura, Gerardo Lugo urgió la creación de un «Plan Sinaloa» que replique el modelo presupuestal y operativo aplicado en Michoacán para intervenir de manera directa en infraestructura, salud, campo, vivienda y seguridad pública. Paralelamente, celebró la disposición del Partido Acción Nacional (PAN) para dialogar y formalizar un bloque opositor amplio que evite la dispersión del voto en el próximo proceso electoral.
Por su parte, la secretaria general del partido, Liliana Cárdenas Valenzuela, advirtió sobre el incremento en la cifra negra por la pérdida de confianza institucional y alertó que Mazatlán se ha convertido en un foco rojo tras superar a Culiacán en la tasa de homicidios, añadiendo que al menos 47 policías han perdido la vida en cumplimiento del deber.
A su vez, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Roberto Padilla Márquez, cuestionó la gobernabilidad y la toma de decisiones en el estado, mientras que regidores y dirigentes locales de Culiacán denunciaron afectaciones directas en la infancia, el comercio local y los servicios públicos municipales.
