Felipe Guerrero Bojórquez
¿México es un narco-Estado tal y como lo señala Estados Unidos? Aquí trataremos de explicarlo.
Un narco-Estado no necesariamente se establece cuando los cárteles toman el gobierno. Puede comenzar mucho antes, cuando el poder político y el criminal descubren que, en lugar de destruirse, pueden resultar funcionales el uno para el otro.
Ambos ganan al compartir espacios y negocios pactados. Por eso vemos a políticos de altos vuelos involucrados en actividades ilícitas, así como a representantes del crimen ocupando cargos públicos desde los cuales operan para apropiarse del presupuesto, extorsionar y trabajar electoralmente. Es el ciclo completo.
Eso es exactamente lo que ocurre en muchas regiones del país y lo que el régimen de la 4T, encabezado por Claudia Sheinbaum, se niega a reconocer. Prefiere desviar la mirada y responsabilizar al “injerencismo” de Estados Unidos por la violencia.
Una de las características centrales de un Estado permeado por el narcotráfico es el populismo como instrumento de concentración del poder: debilitar los contrapesos, desacreditar a las instituciones, dividir a la sociedad entre buenos y malos, gobernar mediante una relación directa con “el pueblo” y utilizar el gasto social como mecanismo de legitimación política.
El populismo reparte dinero, pero no promueve el desarrollo y, por lo mismo, inhibe el descontento. Es una forma de control social que convierte a una parte del “pueblo” en aliada indirecta de sus pactos oscuros.
Esta condición se vincula con otra mucho más grave: la convivencia del poder con el narcotráfico. No necesariamente mediante un pacto escrito ni una alianza uniforme, sino a través de tolerancias, omisiones, protección, penetración institucional y acuerdos de conveniencia en determinados territorios.
Cuando ambas vertientes se encuentran, aparece el lobo disfrazado de cordero bajo la figura de un Estado formalmente democrático, pero que controla organismos electorales y domina comicios; un Estado que concentra los tres poderes —Legislativo, Ejecutivo y Judicial—; un Estado con fiscalías y consejos “ciudadanos” de seguridad a su servicio.
Son instituciones centralizadas y sometidas a un poder férreo, lo que permite a las estructuras criminales adquirir suficiente impunidad y fuerza económica, territorial y política para convivir, e incluso negociar, con sectores del aparato público.
Por supuesto, hablar de narco-Estado no significa afirmar que el narcotráfico sostenga financieramente al Estado mexicano. Es al revés: para multiplicar sus recursos y su poder, el crimen penetra campañas, gobiernos, empresas y economías regionales.
Este fenómeno se ha hecho más evidente en México durante los últimos años, sobre todo cuando altos miembros de la clase política en el poder son señalados por pactar con el crimen e involucrarse en grandes negocios ilegales, amparados por instituciones que solo funcionan contra los “enemigos del pueblo”: los opositores.
He ahí la dupla: un Estado populista que controla a una parte de la población al paliar sus necesidades a cambio del voto, y un crimen organizado que opera e incluso financia elecciones para seguir haciendo negocios desde el poder.
Por eso, ante los reclamos de la sociedad —incluidas las personas que reciben apoyos sociales—, tenemos un Estado incapaz de derrotar al narcotráfico. Los compromisos de quienes ostentan el poder político con el crimen son tan fuertes que han construido regiones fallidas, donde sus acuerdos y reglas están por encima del orden constitucional. Ambos han descubierto que se necesitan mutuamente.
En México, la violencia de alto impacto no se debe únicamente a que el crimen desafíe al gobierno, sino a que goza de tal impunidad que sus diversos grupos se enfrentan por el dominio territorial y el control de actividades ilegales.
La sociedad es, al final, la víctima directa: extorsiones, secuestros, despojos, asaltos, cobro de piso, apropiación del presupuesto oficial y control de obras y espacios públicos, entre otros delitos. Más allá de la venta de drogas, este es el gran negocio del narco-Estado.
Esa es, justamente, la consecuencia dramática del binomio entre narco-Estado y populismo. Ambos se necesitan porque la conservación del poder es lo fundamental para ellos.
Esto explica por qué el combate contra la delincuencia se libra a medias y, por lo mismo, no se le ve fin.
