Jose Luis Lopez Duarte
El contraste planteado por el columnista del periodico «El Debate» Héctor Ponce entre Imelda Castro y Mario Zamora resulta políticamente pertinente porque pone sobre la mesa una realidad que, en una contienda electoral, no puede ocultarse con propaganda ni con estructuras partidistas: la trayectoria, la experiencia y la capacidad de gobierno terminan siendo factores decisivos para los electores.
La comparación, realizada en cinco rubros —seguridad, cultura, economía, formación académica y trayectoria— otorga una ventaja significativa a Zamora. El promedio asignado al eventual candidato opositor alcanza 9, mientras que Castro obtiene 6.3. Más allá de la metodología utilizada, el resultado revela una vulnerabilidad objetiva de la aspirante morenista. Esa debilidad no sería necesariamente determinante si la competencia se desarrollara en condiciones plenamente democráticas y si la candidata pudiera fortalecer su perfil con propuestas, experiencia laboral y capacidad de gestión. El problema aparece cuando, en lugar de corregir esas insuficiencias, el aparato gubernamental parece asumir directamente la responsabilidad de su campaña.
Ahí se encuentra el verdadero riesgo. Cuando los gobiernos federal y estatal utilizan recursos, visibilidad institucional y capacidad de operación para inclinar una contienda, la elección deja de ser una competencia entre proyectos y comienza a parecer una elección de Estado. No se trata de una acusación menor. En una democracia, la autoridad debe garantizar piso parejo, no convertirse en actor electoral.
La tentación de Morena y de la llamada Cuarta Transformación parece ser la de confiar demasiado en el poder acumulado, en la popularidad presidencial y en la capacidad de movilización de sus estructuras. Sin embargo, esa estrategia ignora que el tránsito hacia el primer domingo de junio —más allá de la precisión del calendario electoral— será una ruta compleja, llena de riesgos políticos y económicos que pueden alterar cualquier pronóstico.
El entorno internacional añade incertidumbre. Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre México, la inseguridad y el crimen organizado no deben ser interpretadas únicamente como retórica política. Estados Unidos dispone de instrumentos de presión de enorme alcance, derivados de la profunda interdependencia entre ambos países. México depende significativamente de las importaciones estadounidenses de combustibles: una interrupción en el suministro de diésel produciría un impacto inmediato en el transporte y la actividad económica. Algo similar ocurriría con el gas natural, indispensable para buena parte de la generación eléctrica nacional.
Por eso resulta irresponsable reducir la relación bilateral a discursos de soberanía o a una retórica de confrontación. La soberanía no consiste en ignorar las vulnerabilidades propias, sino en reconocerlas y administrarlas con inteligencia. México necesita cooperación en materia de seguridad, coordinación diplomática, estrategia energética y una política exterior capaz de evitar escaladas innecesarias.
La arrogancia gubernamental puede ser costosa cuando se combina con improvisación. El crimen organizado, la presión estadounidense, la fragilidad energética y la polarización interna configuran un escenario que exige prudencia, profesionalismo y capacidad de Estado.
En este contexto, la elección no será solamente una disputa entre Imelda Castro y Mario Zamora. También será una evaluación del modelo político que pretende imponerse: uno basado en instituciones y competencia, u otro sustentado en la subordinación electoral de los gobiernos y en la concentración del poder. Morena haría bien en entender que la sociedad observa, compara y castiga los abusos. Las ventajas partidistas pueden ser grandes, pero también lo son los riesgos de gobernar con insensatez.
