Felipe Guerrero Bojórquez
Lo del penal de El Castillo, en Mazatlán, no fue una riña: fue una masacre. Y la respuesta de la autoridad fue una evasiva para no enfrentar la responsabilidad inmediata. Las cosas, por su nombre.
Ante los hechos sangrientos, ¿cuál fue la respuesta de la autoridad? No fue el compromiso de remover y castigar a los responsables inmediatos, empezando por el encargado del sistema carcelario en Sinaloa, ni la baja inmediata del director para ponerlo bajo investigación. No: la respuesta fue que el próximo año se construirá otro penal, bajo la idea de que lo ocurrido se debe al hacinamiento y no a la corrupción.
No, no fue una riña, como lo quieren hacer ver las autoridades. Fue un enfrentamiento, no solo por el control del penal, sino porque este forma parte de la guerra entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa.
¿Un penal? ¿Así, de sopetón? O sea, si la masacre no hubiera ocurrido, el penal tampoco aparecería. Omar García Harfuch y la gobernadora, Graciela Domínguez, dicen que el próximo año comenzará su construcción. Pero una obra de esta naturaleza, que está a meses de iniciar, debe tener ubicación, terreno, planos, dimensiones, diseño del edificio, detalles técnicos, costo bien definido y, sobre todo, plazos: cuándo inicia y cuándo termina.
No hay duda: la especialidad de la casa es patear el bote. Ante una circunstancia que exige una respuesta inmediata, se ofrecen anuncios sensacionalistas para tratar de hacerle una chapuza a la realidad. También a la gente, harta ya de que le quieran ver la cara.
Lo que sucedió en el CERESO de El Castillo no se debe, de ningún modo, al hacinamiento: se debe a la corrupción oficial y a que el sistema penitenciario del país está en manos del crimen. Así de sencillo.
Qué bueno que se construyan más cárceles; qué malo que estas no sirvan para rehabilitar plenamente, sino como espacios de control y operación de organizaciones criminales a las que nada les falta: teléfonos celulares y satelitales, antenas y módems para señal digital, reos a su servicio y todas las comodidades posibles, entre ellas pantallas, buenos muebles y aire acondicionado. No hay duda: adentro y afuera, ellos mandan. ¿Habrá alguien que lo desmienta?
Hasta hoy, la muerte a balazos de un niño de dos años ofrece la clara idea de que el tiroteo fue indiscriminado y no selectivo. Matar a once personas —si no es que a más— y herir a otras veinte implica la utilización de armas de alto poder que pasaron sin problema alguno al interior del penal.
Pero el colmo fue que, 24 horas después del primer evento, la matanza continuara. ¿Y qué hicieron la autoridad del penal y los responsables del sistema penitenciario durante ese tiempo? Bueno, se supone que debieron poner orden, aislar a los atacantes —si es que fueron reos y no personas que entraron desde fuera— y revisar palmo a palmo cada módulo.
Claro que no lo hicieron, porque los directivos, los custodios y demás personal de vigilancia no se mandan solos. Ese es el punto central, y no el grosero sustantivo de «riña» a causa del hacinamiento.
Y basta con que se dé a conocer la lista de nombres de los muertos para concluir que ahí, donde se supone que debería haber un estricto control, lo que hubo fue un enfrentamiento entre las facciones del crimen organizado. Es la guerra que no reconoce espacios ni niveles de autoridad: la guerra de quienes mandan y habrán de decidir cuándo termina.
Hasta hoy, en este enfrentamiento, la autoridad ha ratificado lo que es: cómplice por omisión o por comisión. Ahora resulta que se escudan en el «motín» o en la «riña» para eximir de la responsabilidad criminal a quienes tienen a su cargo los centros penitenciarios, cuando el tamaño del hecho sangriento exige que se les llame a cuentas. Nada de esto se ha escuchado tanto de García Harfuch como de la gobernadora Domínguez. Solo patear el balón dando a conocer pomposamente que se construirá un nuevo centro penitenciario. Solo eso. Un anuncio sacado de bajo de la manga, como el mago cuando saca al conejo de la chistera.
Así, de ese tamaño es el problema con la delincuencia y con las autoridades y de esa dimensión es la terrible inseguridad que padecemos.
¿Y ahora quién podrá defendernos?
