Nacional — Una investigación periodística del diario Reforma reveló que Jonathan Navarrete Torres, chofer de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, aparece registrado como apoderado legal de Corporativo Zeg, una empresa proveedora de materiales electorales que ha sido objeto de indagatorias por parte de autoridades federales.
De acuerdo con la información documentada por los periodistas Érika Hernández y Rolando Herrera en Reforma, los vínculos entre el personal del organismo electoral y la firma proveedora se detallan a continuación:
Según los registros del Registro Público de Comercio citados por el diario, el 28 de junio de 2023 se le otorgó a Jonathan Navarrete Torres un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg. Posteriormente, el 15 de abril de 2025, Navarrete se incorporó formalmente al INE como chofer de Taddei con un sueldo mensual reportado de 45,765 pesos.
En su declaración inicial de situación patrimonial, Navarrete omitió incluir su representación legal en la empresa proveedora, limitándose a reportar su desempeño laboral previo como conductor en Mercedes-Benz.
Corporativo Zeg y la firma relacionada Cajas Graf han sido objeto de expedientes e indagatorias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) por presuntas irregularidades y prácticas monopólicas.
La investigación señala que Jesús Octavio García González, quien fungió como director de Administración del INE hasta abril de 2026, también figuró como representante legal de Corporativo Zeg en el año 2023.
El reporte del rotativo recuerda la polémica en torno al uso que hizo la presidenta del INE de una camioneta blindada tipo Chevrolet Captiva. Aunque Taddei sostuvo públicamente que la unidad era prestada tras descomponerse el vehículo oficial, el diario remarca que no se aclaró quién facilitó dicho automóvil ni si el préstamo tuvo relación con la empresa proveedora.
Contexto y alcance de los hallazgos
Los datos expuestos por el diario Reforma muestran posibles conflictos de interés entre personal del INE y empresas contratistas del organismo electoral. No obstante, el reportaje precisa que la existencia de un poder o representación legal no constituye por sí sola una prueba definitiva de contratación irregular o de responsabilidad penal, asunto que correspondería deslindar a las autoridades correspondientes.
