- Dirigentes de la ANSAU y el SUNTUAS denuncian que convenios de la SEP contemplan más de 56 mil puestos por debajo del salario mínimo constitucional.
- Advierten sobre la asfixia financiera generada por el congelamiento de plazas desde hace 15 años y reclaman reciprocidad presupuestal ante el rescate de pensiones que ahorró cientos de miles de millones al Estado.
POR VÍCTOR FLORES / REPORTE NARANJA
MAZATLÁN, SIN. — En el marco de la Asamblea Final Extraordinaria de la Asociación Nacional de Sindicatos Administrativos Universitarios (ANSAO), la dirigencia sindical nacional y la representación del SUNTUAS fijaron una postura frontal ante el Gobierno Federal y las autoridades estatales: la educación superior pública en México opera bajo un esquema de asfixia presupuestal y simulación laboral que vulnera la Constitución y atropella la autonomía universitaria.
Durante una conferencia de prensa encabezada por el Dr. José de Jesús Becerra Santiago, dirigente nacional de la ANSAO, e Isfa Bernabé Leal Salazar, secretario general de la sección administrativos del SUNTUAS, se expuso que, pese a que las universidades han incrementado su matrícula en casi un 15% en los últimos años y han asumido el costo político y social de sanear sus sistemas de pensiones, la respuesta gubernamental ha sido el congelamiento de plazas y la imposición de topes salariales que atentan contra el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
La paradoja salarial: 56 mil puestos bajo el mínimo constitucional
Uno de los puntos más críticos revelados durante el encuentro con medios fue la existencia de convenios financieros firmados entre la Federación, los estados y las rectorías que violan la Ley Federal del Trabajo.
«Somos el único sector, público o privado del país, que tiene trabajadores ganando por debajo del salario mínimo constitucional. En los anexos de ejecución que firman la Federación y los gobernadores existen más de 56 mil puestos cotizados por debajo del mínimo», denunció Becerra Santiago.
El líder nacional precisó que si en la práctica la cifra de trabajadores afectados directamente se reduce a entre 6 mil y 7 mil a nivel nacional (concentrados en instituciones como la Universidad Veracruzana, la Universidad de Morelos y la Universidad de Guanajuato, así como cerca de 1,300 en la UAS), se debe a que las y los rectores han tenido que desviar recursos autogenerados y de gasto operativo para subsidiar esa brecha salarial, castigando rubros sustantivos como la investigación, la infraestructura, el deporte y la cultura.
Ante esta situación, la ANSAU anunció el envío formal de un oficio a la Presidencia de la República, con copia a las secretarías del Trabajo y de Educación Pública, para exigir que en el presupuesto de 2027 se garantice de manera irrestricta que ningún trabajador universitario perciba ingresos por debajo del tabulador legal.
Castigo a la prudencia: El reclamo por las pensiones y el Fondo 081
En materia de previsión social, la ANSAU destacó que el sector universitario es el que más ajustes estructurales ha realizado en todo el país, acumulando cerca de 70 reformas a sus sistemas de pensiones que le han ahorrado al Estado mexicano cientos de miles de millones de pesos en pasivo contingente.
En ese sentido, Becerra Santiago hizo un reconocimiento público a la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y a su sindicato por la reciente reforma a su sistema de jubilaciones, la cual —señaló— le ahorra al erario federal y estatal aproximadamente 10 mil millones de pesos en pasivos a futuro.
Sin embargo, lamentó que la Federación no responda con reciprocidad.
El dirigente de la ANSAU Isfa Bernabé Leal destacó:
«Las universidades han actuado con enorme responsabilidad social. En el caso de la UAS, esa reforma garantiza el futuro de las pensiones, pero el Estado ha sido omiso en acompañar ese esfuerzo. En 2018 desaparecieron el Fondo 081, un fondo de más de 1,500 millones de pesos que premiaba a las universidades que hacían la tarea de sanear sus finanzas. Hoy exigimos que ese fondo se restituya».
Topes salariales y congelamiento de plazas: 15 años de rezago
La dirigencia sindical criticó con dureza los incrementos salariales promedio del 4% que la Secretaría de Educación Pública impone de manera homologada en el país, lo que en los hechos ha provocado una pérdida del poder adquisitivo superior al 10% para académicos y administrativos en la última década.
«Nos dicen ‘vamos por el 4%’ y nos preguntamos dónde queda la autonomía universitaria para negociar. Ese tope salarial es el que tiene hoy a miles de trabajadores al borde de la subsistencia. Si antes el salario alcanzaba para llenar el carrito del supermercado, hoy no nos alcanza ni para una tercera parte», enfatizó por su parte el líder de la ANSAU.
Aunado a ello, se denunció que desde hace 15 años la SEP no autoriza la creación de nuevas plazas de docentes ni de administrativos en los convenios de apoyo financiero, provocando que la plantilla real que sostiene la operación diaria de las instituciones sea muy superior a la que el Gobierno Federal reconoce y financia.
El panorama para la UAS y la ruta de movilización
Cuestionado sobre la situación de la Universidad Autónoma de Sinaloa rumbo al cierre de año —donde la institución enfrenta compromisos financieros por alrededor de 1,300 millones de pesos para cubrir aguinaldos, prestaciones y adeudos operativos con el IMSS e Infonavit—, el dirigente del SUNTUAS, Isfa Bernabé Leal, señaló que los trabajadores han hecho su parte al proteger la viabilidad institucional, por lo que urgió a las autoridades federales y al Gobierno del Estado a cerrar filas con la universidad.
Por su parte, la ANSAU detalló que el plan de acción acordado a nivel nacional incluye:
Gestión en el Congreso de la Unión
Impulsar una iniciativa promovida desde la Comisión de Presupuesto para obligar a los gobiernos estatales a aportar de manera gradual el 50% del subsidio universitario, corrigiendo esquemas donde la Federación aporta hasta el 80% y los estados solo el 20% (en Sinaloa, la aportación estatal ronda el 34%).
Reforma a la Ley del ISSSTE
Permitir la incorporación plena a la seguridad social de trabajadores con jornadas parciales o asignaturas que actualmente quedan excluidos por reglas salariales.
Mesa con la Subsecretaría de Educación Superior
Una reunión decisiva el próximo 4 de noviembre junto con la ANUIES para presentar las demandas presupuestales de cada universidad pública.
Finalmente, la dirigencia sindical advirtió que, aunque priorizan la ruta del diálogo institucional y el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios, no descartan emprender movilizaciones y manifestaciones a nivel nacional en ejercicio de sus derechos constitucionales si las demandas salariales y de rescate financiero de fin de año no son atendidas.
