Análisis que incomoda… pero despierta.
Por: Claudia Cárdenas
Las victorias electorales de la izquierda en América Latina suelen celebrarse como una señal de que millones de personas mantienen la esperanza de construir sociedades más justas, con menos desigualdad y mayores oportunidades.
La izquierda, en sus distintas corrientes, ha defendido históricamente la justicia social, la reducción de los privilegios, la distribución más equitativa de las oportunidades y la obligación de poner el interés colectivo por encima del particular. Esos principios no deberían cambiar cuando se obtiene una diputación, presidencia municipal, una regiduría o se ocupa un cargo público o se llega a dirigir un partido. Por el contrario, es precisamente entonces cuando deben demostrarse.
No hay congruencia en hablar de austeridad mientras se utilizan las ventajas del poder para construir beneficios particulares. Tampoco en proclamar el rechazo al nepotismo mientras se promueve a familiares para ocupar cargos o posiciones de suplencias. Los vínculos personales no prueban por sí solos una irregularidad, pero tampoco deberían eximir a nadie del escrutinio público.
La rendición de cuentas es otro principio indispensable. Quien ha tenido bajo su responsabilidad recursos públicos debe estar dispuesto a explicar cómo los administró, qué resultados obtuvo y cómo evolucionó su patrimonio cuando existan motivos legítimos para examinarlo. La honestidad no se acredita únicamente con discursos ni con la pertenencia a un movimiento; se sostiene con hechos verificables y con la disposición a responder por ellos.
También merece atención la manera en que se construyen las estructuras políticas. La organización ciudadana es legítima y necesaria, pero no debe confundirse con el aprovechamiento de los recursos, las relaciones o las ventajas acumuladas desde un cargo público. El respaldo de la gente tiene valor democrático cuando se construye con participación auténtica, información y libertad, no cuando se convierte en una extensión de intereses particulares.
Estas contradicciones adquieren especial relevancia cuando quienes han ocupado cargos durante años buscan nuevas posiciones sin que exista una evaluación pública seria de sus resultados. La experiencia puede ser valiosa, pero no constituye un cheque en blanco. Importa qué se hizo, cómo se ejerció la responsabilidad, qué beneficios se generaron para la sociedad, con qué honestidad y ética se condujo y qué asuntos quedaron pendientes.
Por eso, los procesos internos de los partidos también son una prueba de congruencia. Si se proclama que la transformación exige honestidad, capacidad y respeto a los principios, esos criterios deben reflejarse en la selección de los perfiles. Las reglas no pueden ser solamente una declaración de buenas intenciones: necesitan aplicarse con claridad, consistencia y sin privilegios.
La transformación de un país no se sostiene únicamente con triunfos electorales ni con la defensa permanente de unas siglas. Se sostiene cuando quienes representan ese proyecto aceptan que también deben ser evaluados, cuestionados y llamados a corregir aquello que contradiga los principios que dicen defender. Reconocer los errores no debilita una causa; negarse a examinarlos sí puede deteriorar la confianza que la hizo posible.
Celebrar el avance electoral de la izquierda en América Latina y exigir congruencia a quienes ejercen el poder no son posiciones opuestas. Son parte de una misma responsabilidad democrática. Porque ningún movimiento puede reclamar para sí la representación de la justicia social mientras considera secundarios los principios cuando se trata de sus propios integrantes.
La izquierda no se demuestra por el nombre del partido, por los cargos acumulados ni por los discursos pronunciados. Se demuestra en la manera de ejercer el poder, administrar los recursos y respetar el interés colectivo. La transformación que no comienza por quienes la representan corre el riesgo de quedarse en una consigna.
