*Asimismo se le declaró cumplida la pena de ocho años de prisión que se le impuso por delincuencia organizada, en la causa penal 2/2024.
Ciudad de México.-Hoy, 24 de diciembre de 2025, se dio a conocer que la Jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, dictó una sentencia absolutoria en favor de Daniel Arizmendi López, conocido como «El Mochaorejas», respecto a una causa penal específica por secuestro.
Sin embargo, es fundamental precisar el alcance de esta resolución para evitar malentendidos sobre su posible libertad:
La Causa Penal 2/2024
La resolución se centra en este expediente particular, donde se le acusaba del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
La jueza determinó que no existían pruebas suficientes ni imputaciones directas que acreditaran su responsabilidad plena en este caso específico.
Delincuencia Organizada: En la misma causa, fue hallado culpable de delincuencia organizada. Se le impuso una pena de 8 años de prisión, pero la jueza la declaró compurgada (cumplida), dado que Arizmendi lleva 27 años ininterrumpidos en prisión (desde su captura en 1998).
¿Por qué no saldrá de prisión?
A pesar de esta absolución puntual, «El Mochaorejas» permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano por las siguientes razones:
Sentencias acumuladas: Arizmendi cuenta con múltiples condenas previas por otros casos de secuestro, homicidio, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego. En su momento, sus penas acumuladas sumaron más de 390 años de prisión.
Procesos vigentes: Aunque ha logrado que se repongan algunos procedimientos argumentando tortura o violaciones al debido proceso (basándose en amparos ganados entre 2022 y 2024), todavía tiene sentencias firmes que lo mantienen tras las rejas.
El contexto jurídico (Tortura y Debido Proceso)
Este fallo es el resultado de una serie de recursos legales donde la defensa ha argumentado que muchas de las confesiones iniciales de los años 90 fueron obtenidas bajo tortura. Esto ha obligado a los jueces a invalidar declaraciones ministeriales antiguas y reevaluar los casos únicamente con pruebas físicas o testimonios no viciados, lo que en este caso específico llevó a la falta de pruebas para condenarlo.



