Blanca Nieves Palacios Barreda
El término cártel, con el que nos hemos llegado a familiarizar, tiene su origen en Alemania (Kartell) y era utilizado entre empresarios para establecer acuerdos que controlarían precios, fomentar una sana competencia y designarse razonable y respetuosamente los mercados.
Dados a apropiarse los mexicanos de términos extranjeros y darles su propia connotación y significado, el de cártel se dio a quienes se dedicaban a la venta de estupefacientes. Surgió en la década de los 70, bautizado así por el director de la Drug Enforcement Administration (DEA), Peter Bensinger, refiriéndose a la mafia de Alberto Sicilia Falcón. Gustó tanto tal denominación a la delincuencia mexicana que adoptaron el término y pareciera que hasta con orgullo se autodenominaron: Cártel de Guadalajara, Cártel del Golfo, Cártel de Sinaloa, Cártel de Tijuana, Cártel de Juárez, Cártel de la Virgen de Acahuato, Cártel Jalisco Nueva Generación y centenas de cárteles más.
De ahí que, tratándose de grupos delincuenciales, unos pueden ser considerados como gente dedicada a hacer dinero mediante la venta ilegal de estupefacientes, y otros muy agresivos y sanguinarios, que han roto con toda regla por ellos mismos establecida. Es tal la atención a este sector delincuencial que ha acaparado el foco por parte de las autoridades policiacas en todos los niveles, por los medios de comunicación y por la sociedad misma, olvidando otros cárteles delincuenciales a los que no se persigue por considerárseles —como los ha llamado la vox populi— “delincuentes de cuello blanco”. Entre estos están los que son mucho más peligrosos y ponen a México en el más grave de los problemas: los rectores de las universidades públicas.
El “Cártel de los Subsidios”, les han dado en llamar, y varios han sido señalados, investigados y recluidos en cárceles por desvíos de recursos, peculado y delincuencia organizada. Los casos más conocidos son los de los exrectores de la Universidad Pública de Morelos, por desviar 290 millones de pesos; Sergio “N”, exrector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, detenido en 2026 junto con varios de sus funcionarios y cómplices por desaparecer 800 millones de pesos bajo las mismas acusaciones; José Alberto Abud Flores, de la Universidad Autónoma de Campeche; Eduardo Martínez Helmes, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con 517 millones extraviados; Eduardo Sosa Castelán, exrector también de la Universidad Autónoma de Hidalgo, quien sustrajo 783 mil 618.59 millones; e Ignacio Peña González, exrector de la Universidad Autónoma de Nayarit, en Tepic, con 326 mil 828 millones, teniendo en común justamente el mal manejo del subsidio destinado a la educación y formación de profesionistas. Tampoco son dignas de respeto las universidades públicas y autónomas de Tlaxcala, Durango, Chapingo, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa.
Es este el peor de los cárteles delincuenciales, pues tienen la enorme responsabilidad de formar profesional, ética y responsablemente a quienes tendrán el futuro del país en sus manos, y las enseñanzas están a la vista: cómo ser corruptos, el robo, el despojo, el autoritarismo, el nepotismo, la represión y el servilismo innegable a una autoridad, un rector, que se enriquece a costa del erario público y de cobros indebidos a estudiantes en una universidad pública sostenida con los impuestos de sus padres y de los ciudadanos contribuyentes.
En la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el actual rector, Jesús Madueña Molina, ha llegado a pisotear hasta nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y todas las leyes y normas propias de una institución de educación superior, al descontar —con la complacencia de un corrupto y servil sindicato de universitarios y un Consejo Universitario enlodado— el 20 % del salario que devengan los trabajadores en activo y los jubilados, a fin de cubrir su desvío de aproximadamente 680 millones de pesos que lo tenían con un pie en la cárcel; pero que, para sorpresa de toda la comunidad universitaria y la sociedad sinaloense, en acuerdos con el señor gobernador Rubén Rocha Moya y la presidenta Claudia Sheinbaum, fue dejado en libertad bajo el compromiso del pago de ¡20 millones de pesos de multa!, mismos que salió a exigir a los trabajadores haciendo petición de “donaciones” para realizar ese pago.
La deshonrosa conducta de este jefe del Cártel del Subsidio de la UAS, Madueña Molina, fue reelegirse como rector; y del tamaño de su desvergüenza fue el otorgamiento del doctorado honoris causa, nada más y nada menos, que a la científica —ya doctora— madre de la presidenta Sheinbaum, con el claro propósito de mantener a ese cártel delincuencial intocable, dañando a la UAS y a toda la comunidad universitaria.
Desde este espacio se solicita con urgencia al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que de manera conjunta con la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, intervengan en la Universidad Autónoma de Sinaloa para que sea rescatada de la corrupción galopante que instauró Héctor Melesio Cuén Ojeda y que persiste hasta este año 2026, y se aplique la debida justicia en esta institución de educación superior que han transformado en refugio y guarida de delincuentes.
“Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho”. — Simón Bolívar.



