CIUDAD DE MÉXICO. — En un movimiento que ha generado críticas de colectivos de búsqueda y organismos de derechos humanos, el Gobierno de México, mediante un comunicado conjunto de la SEGOB y la SRE, manifestó su postura oficial de rechazo ante el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED). El argumento central de la administración es que el organismo internacional omitió los «esfuerzos y avances institucionales» realizados desde diciembre de 2018.
El choque de narrativas
Mientras la ONU califica la crisis de desapariciones en México como un fenómeno generalizado y sistemático alimentado por la impunidad, el Gobierno Federal sostiene que dicha visión es parcial. Según el comunicado, el informe no valora adecuadamente la creación de instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ni la implementación de protocolos de identificación humana que se han fortalecido en el actual sexenio.
«Rechazamos un informe que ignora la voluntad política y los recursos históricos destinados a localizar a nuestros desaparecidos», señala el posicionamiento gubernamental.
La voz de las familias: Entre la burocracia y la ausencia
Para las miles de familias que integran los colectivos de búsqueda en estados como Sinaloa, Jalisco y Veracruz, el rechazo oficial al informe de la ONU se percibe como una falta de empatía ante la magnitud del problema. Mientras las instituciones defienden sus cifras y avances, son las madres y padres quienes, con sus propios recursos, siguen desenterrando la verdad en fosas clandestinas.
Los puntos de fricción social
A pesar de los registros oficiales, colectivos denuncian que existe un subregistro masivo y una resistencia a reconocer la complicidad de autoridades locales.
Los avances citados por el Gobierno contrastan con los más de 50,000 cuerpos sin identificar que yacen en los servicios periciales del país.
El informe de la ONU destaca que menos del 1% de los casos de desaparición terminan en una sentencia condenatoria, un dato que la administración federal considera «sesgado».
Un llamado a la autocrítica
La denuncia social es contundente: el reconocimiento del problema es el primer paso para su solución. Al calificar el informe de la ONU como incompleto o injusto, el Estado corre el riesgo de minimizar una tragedia que ha transformado el mapa de México en un territorio de ausencias.
Más allá del intercambio de comunicados diplomáticos, la exigencia de la sociedad civil es clara: el Estado no debe trabajar para «defender su imagen», sino para garantizar que ninguna familia tenga que buscar sola a sus seres queridos y que la justicia deje de ser una excepción para convertirse en la regla.
