LOS ÁNGELES, California – En una resolución definitiva emitida este 1 de abril de 2026, la jueza federal Maame Ewusi-Frimpong ratificó la sanción económica de 1.5 millones de dólares (aproximadamente 26.5 millones de pesos mexicanos) contra el cantante de regional mexicano, Gerardo Ortiz. La sentencia ocurre tras confirmarse su participación en actividades financieras con empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El fallo judicial
Pese a que la defensa legal del intérprete solicitó reducir la multa a 200,000 dólares, argumentando «dificultades económicas» por una supuesta falta de actividad laboral y complicaciones migratorias, la juzgadora desestimó la petición. La jueza determinó que el monto es proporcional a las ganancias obtenidas por los conciertos realizados bajo la promoción de empresas sancionadas por la Ley Kingpin.
Además de la multa económica, la sentencia incluye:
Ortiz cuenta con un periodo de 14 días para cubrir el total de la multa.
El cantante deberá cumplir 3 años (36 meses) bajo vigilancia de las autoridades estadounidenses.
Se le impuso la restricción total de consumo de sustancias ilícitas y la obligación de colaborar con programas de supervisión.
Antecedentes y colaboración
El caso se remonta a una serie de conciertos realizados en 2018 organizados por la empresa Gallística Diamante, propiedad de Jesús Pérez Alvear (alias «Chucho Pérez»), quien es señalado por el Departamento del Tesoro como operador financiero del CJNG.
Gerardo Ortiz evitó una condena de prisión gracias a un acuerdo de culpabilidad y a su testimonio clave en el juicio contra su exmánager, Ángel del Villar (dueño de DEL Records), quien fue sentenciado previamente a 4 años de cárcel. Durante el proceso, Ortiz admitió haber actuado bajo presión de su representante, pero reconoció la ilegalidad de las transacciones financieras.
Con esta resolución, el proceso legal que mantuvo al «Hijo de Sinaloa» bajo el escrutinio del FBI llega a su etapa de cumplimiento, mientras su defensa busca flexibilizar los plazos para evitar que el pago impacte de forma irreversible su patrimonio.
