CIUDAD DE MÉXICO. – En un movimiento diplomático sin precedentes, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) determinó elevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta decisión fue respaldada de inmediato por el Sistema Universitario Jesuita (SUJ), calificándola como una medida necesaria ante un problema «generalizado y documentado» por más de una década.
Un mecanismo activado por primera vez
El Comité de la ONU activó el Artículo 34 de la Convención Internacional, una herramienta de carácter extraordinario que nunca antes se había utilizado. Esta acción ocurre tras considerar que en México existen indicios fundados de que las desapariciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad, debido a su naturaleza sistemática y la falta de una respuesta institucional efectiva.
El pronunciamiento del Sistema Universitario Jesuita
Las instituciones que integran el SUJ (incluyendo las universidades IBERO y el ITESO) señalaron que este llamado internacional es una respuesta lógica a la impunidad imperante.
Crisis Documentada
El SUJ subrayó que la situación no es coyuntural, sino una tragedia que ha sido denunciada por la academia y organismos civiles durante los últimos 15 años.
Falla del Estado
Las universidades lamentaron que, pese a los cambios de administración, el Estado mexicano no ha logrado frenar la cifra de personas desaparecidas, que ya supera las 132 mil víctimas.
Rechazo del Gobierno Federal
Por su parte, el Gobierno de México emitió un comunicado oficial donde rechazó los términos del informe del Comité CED, calificándolo de “tendencioso”. El Ejecutivo argumentó que no se han valorado adecuadamente los esfuerzos institucionales y la inversión en los centros de identificación humana realizados en años recientes.
El panorama internacional
Con esta resolución, el caso de México será analizado por el máximo órgano deliberativo de la ONU en Nueva York. El objetivo de la Asamblea General no será solo la observación, sino la posibilidad de establecer mecanismos de asistencia técnica y presión internacional para atender el rezago forense, que actualmente suma más de 70 mil cuerpos y restos sin identificar en morgues y fosas comunes del país.
Esta decisión marca un punto de inflexión en la política exterior mexicana, colocando al país bajo el nivel más alto de escrutinio internacional en materia de derechos humanos.
