CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL
Ciudad de México.-La situación jurídica del ahora exgobernador Rubén Rocha Moya escala a niveles patrimoniales. Tras la revelación de su solicitud de licencia, surge un nuevo frente: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha puesto la lupa sobre los bienes, cuentas y propiedades del mandatario y otros nueve funcionarios y exmandatarios sinaloenses, según revela una investigación publicada por el diario El Universal.
De acuerdo con la imputación formal que corre en cortes estadounidenses, el gobierno federal de ese país busca el decomiso total de inmuebles y ganancias económicas derivadas, presuntamente, de una red de protección brindada a la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa.
Una lista de altos vuelos bajo escrutinio
La ofensiva financiera no se limita al titular del Ejecutivo. Según el reporte, en caso de ser hallados culpables, la confiscación alcanzaría los activos de figuras clave en la estructura política y de seguridad del estado, entre ellos:
Enrique Inzunza Cázares, senador por Morena.
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán (también bajo licencia).
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
Mandos y exmandos de la Fiscalía y la Policía Estatal como Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza, Alberto Jorge Contreras, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán.
La «Narconómina» y el cobro de facturas políticas
El expediente, avalado por el fiscal Jay Clayton y la DEA, sostiene una tesis demoledora: Rubén Rocha Moya habría llegado a la gubernatura con el respaldo directo de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán. A cambio de este apoyo, el mandatario habría entregado el control de posiciones estratégicas en el gabinete y las fuerzas de seguridad.
La investigación de El Universal destaca que la acusación incluye detalles sobre una presunta «narconómina» donde se desglosan pagos mensuales:
Desde sobornos de 100 mil dólares mensuales para altos mandos de seguridad.
Hasta pagos de entre 5 mil y 16 mil dólares para jefes de investigación y comandantes.
Sin escapatoria financiera
La justicia estadounidense ha sido clara: si los activos no pueden ser localizados, o si ya fueron transferidos o vendidos a terceros, se buscará el decomiso de bienes sustitutos por un valor equivalente. Esto significa que cualquier ganancia obtenida directa o indirectamente de estas actividades ilícitas está sujeta a ser incautada bajo las secciones 853 y 970 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Este golpe al patrimonio se suma a la crisis política en Sinaloa, dejando a la administración morenista en su punto más crítico frente a las agencias internacionales de justicia. (https://www.eluniversal.com.mx/nacion/bienes-de-ruben-rocha-y-acusados-en-la-mira-de-eu-inmuebles-o-ganancias-economicas-estan-sujetas-a-decomiso-dice/)



