Felipe Guerrero Bojórquez
No hacía falta invocar un pomposo “análisis de riesgo” para concluir que Rubén Rocha necesitaba protección policiaca. La necesita, sí, porque su vida podría estar en peligro; pero también porque el gobierno de Claudia Sheinbaum tenía que mandar una señal inequívoca a Washington: Rocha no va a huir, no se va a esfumar ni tampoco encontrará en México un escondite confortable.
Dicho de otro modo, el gobierno mexicano parece estar cumpliendo, por ahora de manera informal, con la retención del objetivo principal de Estados Unidos, sea para efectos de extradición o para lo que jurídicamente venga después. No sería extraño que en esa misma lógica también estuviera resguardado Juan de Dios Gámez, exalcalde de Culiacán. ¿Y los demás nombres en la lista de los potencialmente extraditables? Pronto se verá. Por el momento, el senador Enrique Inzunza ya avisó que no renunciará al fuero y que el próximo miércoles se presentará en el Senado. Habrá que tomar nota y esperar sentado.
Hay quienes consideran que la decisión del gabinete de seguridad de brindar protección al exgobernador no solo busca retenerlo en una suerte de prisión preventiva sin declararla como tal, sino también blindarlo frente a un posible ataque del crimen organizado, lo mismo que a su familia, que presuntamente habría salido de Sinaloa antes de que la solicitud de licencia se hiciera pública.
El tratado de extradición es bastante más claro que los discursos oficiales. En una primera etapa basta con exponer las razones que justifican la urgencia de detener a los señalados, para aplicarles una medida cautelar que impida su fuga. Después, en un plazo de 60 días, deben presentarse las pruebas ante un juez, quien habrá de confirmarlas o desecharlas.
Más allá de si a alguien le parece justo o excesivo, esa figura encuadra en la legislación mexicana como una medida cautelar personal y temporal. No es una sentencia, sino un mecanismo para evitar que el acusado escape, entorpezca la investigación o represente un riesgo para la víctima o para la sociedad. Es decir: aquí no se trata de que a las autoridades mexicanas les guste o no la solicitud estadounidense, ni de que se permitan el lujo patriótico de defender a los acusados desacreditando imputaciones o administrando el reloj a conveniencia.
Porque, aunque existe cierto margen dentro de la urgencia, Washington también podría interpretar que México viola el tratado si maniobra para proteger a un imputado. Y, a partir de ahí, escalar el conflicto diplomático o algo peor, amparado en su conocida elasticidad conceptual sobre la “legítima defensa inminente”. Conviene no perder de vista ese detalle: los gringos suelen llamar doctrina a lo que otros llamarían pretexto. También está muy cerca la negociación del tratado comercial donde la represalia podría traer serias consecuencias económicas para el país.
En ese contexto, y conforme al tratado de extradición, Estados Unidos está colocando bajo estatus de criminales peligrosos a Rubén Rocha, a Enrique Inzunza, a Juan de Dios Gámez y al resto de los imputados, a quienes se señala por vínculos y operaciones con el crimen organizado.
La normativa binacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1980, establece la obligación recíproca de entregar a personas buscadas por delitos sancionables con al menos un año de pena máxima en ambos países. El artículo 11 permite la detención urgente cuando se considera que los acusados son peligrosos y cuentan con condiciones para sustraerse de la justicia, mientras la solicitud formal de extradición se integra en un plazo de 60 días, con pruebas, defensa y respeto al principio de presunción de inocencia.
Por eso hoy el centro de la especulación no está en si Rocha y Juan de Dios Gámez están o no bajo resguardo —todo indica que sí—, sino en la naturaleza real de ese resguardo: si se trata de una simple protección o de una antesala domiciliaria de la prisión preventiva exigida por Estados Unidos, en tanto la FGR integra el caso y lo lleva ante un juez.
En realidad, el gabinete de seguridad no necesitaba viajar al estado para anunciar que Rubén Rocha sería protegido por la policía. Pero el objetivo nunca fue informar, sino comunicar. Mandar desde Sinaloa el mensaje a Estados Unidos de que estaría localizado, vigilado y disponible. Y, de paso, subrayar la fineza política del argumento: “él no pidió la seguridad; nosotros se la impusimos”, dijo Omar García Harfuch, porque así lo determinó su estudio de riesgos.
Más claro, imposible: no lo están cuidando para que ande tranquilo, sino para que no se les desbalague.
