CULIACÁN, SINALOA.– Mientras el sistema de justicia y seguridad nacional vuelca sus recursos en el resguardo del exgobernador Rubén Rocha Moya, la diputada local y dirigente estatal del PRI, Paola Gárate Valenzuela, denunció que el Gobierno Federal ha ignorado sistemáticamente sus solicitudes de protección, dejándola en una situación de vulnerabilidad ante las amenazas derivadas de su labor opositora.
Desdén oficial ante el riesgo
Gárate Valenzuela confirmó que, a pesar de haber documentado y presentado múltiples solicitudes formales de seguridad ante las instancias federales durante los últimos tres años, la respuesta ha sido el silencio o trámites burocráticos sin resultados concretos.
«Es lamentable el contraste: para quienes han sido señalados por pactar con estructuras fácticas hay blindaje total y opacidad; para quienes denunciamos la narcopolítica desde el primer día, hay desatención y riesgo» —señaló la legisladora.
La voz que «madrugó» a las investigaciones de EE. UU.
La diputada recordó que sus señalamientos sobre la colusión entre el Gobierno de Sinaloa y el crimen organizado no son nuevos. Desde el proceso electoral de 2021, Gárate fue de las primeras figuras públicas en denunciar la intervención directa de grupos armados en las urnas, así como los acuerdos que mantenían Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez para el control del estado.
Estas denuncias, que en su momento fueron calificadas por el oficialismo como «excesos opositores», hoy coinciden con las líneas de investigación que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha formalizado en 2026, colocando a Sinaloa en el ojo de una crisis binacional sin precedentes.
Un escenario de contrastes
La denuncia de la legisladora ocurre en un momento crítico, donde la figura de Rocha Moya permanece bajo un estricto e inusual esquema de protección federal tras su salida del tercer piso, bajo la justificación de «riesgo a la seguridad nacional».
Para los analistas y sectores de la oposición, la negativa de brindar seguridad a Paola Gárate no solo representa una omisión administrativa, sino un mensaje político de castigo hacia quienes han sostenido la narrativa que hoy tiene al régimen en una de sus mayores encrucijadas diplomáticas y judiciales.
