Felipe Guerrero Bojórquez
A estas alturas la pregunta de si dónde está Rocha dejó de ser importante. La pregunta es por qué, con evidencias y señalamientos que pueden ser investigados por la FGR, la presidente Claudia Sheinbaum adopta un papel que no le corresponde y lo defiende a capa y a espada, como si de ello dependiera la caída o el fortalecimiento de la Cuarta Transformación.
La presión sobre Rubén Rocha Moya ya no es un asunto local ni un escándalo pasajero. Lo que se acumula alrededor del gobernador de Sinaloa es demasiado grave como para seguirlo tratando como ruido mediático: señalamientos de protección política, versiones sobre su ocultamiento, funcionarios cercanos fuera del radar y una creciente atención de las autoridades estadounidenses sobre redes criminales con posible cobijo institucional.
El caso Sinaloa dejó de ser únicamente un problema de violencia. Hoy es, sobre todo, un problema de credibilidad del Estado mexicano. La conducta presidencial de pruebas, pruebas, pruebas y la defensa a ultranza de Rocha, solo se explica en el hipotético dilema de que si cae Rocha también cae la Cuatro T. ¿No es esta la lectura más inmediata? Sobre todo a la vista de los gringos. El gobernador con licencia es mencionado una y otra vez en versiones, expedientes, filtraciones y sospechas, y el poder federal en vez de aclarar parece administrar el daño, lo que erosiona no solo a una figura política, sino a la confianza en las instituciones.
Y mientras México sigue montado en evasivas y en defensas soberanas a base de peroratas, Estados Unidos endurece el tono. Las declaraciones de Donald Trump sobre «fuerzas operando en territorio mexicano», las referencias de altos funcionarios estadounidenses al combate de los cárteles como asunto de seguridad nacional, la revisión de consulados, la presión financiera y los rumores sobre nuevas investigaciones por lavado de dinero no son declaraciones aisladas. Forman parte de una misma ofensiva que emite la misma señal sincronizada. Todo indica que Washington ya no está dispuesto a seguir fingiendo normalidad en su relación con México, cuando, de acuerdo a su discurso amenazante, el narcotráfico, la migración y la penetración criminal se han convertido en una amenaza directa para sus intereses.
En ese contexto, la reacción del oficialismo mexicano ha sido tan previsible como insuficiente: negar, minimizar, victimizarse y acusar conspiraciones. El discurso de la presidente sigue montado en el macho de la propaganda, aunque el problema de fondo no desaparezca. Al contrario: se agrava cada vez que el gobierno responde con clichés que exigen explicaciones de fondo. Pero la presidente defiende a Rocha, no ha Sinaloa.
La pregunta ya no es si hay crisis. La crisis existe. Se instaló desde el momento en que la promesa fue rebasada por la mentira, y la honestidad se convirtió en coartada para ocultar la enorme corrupción. La pregunta es si el actual gobierno mexicano está dispuesto a combatir la herencia maldita, o de plano seguirá apostando a la negación, aferrándose al mismo esquema que tanto daño le está haciendo al país; mientras, las fuerzas imperialistas aprietan la pinza y adentro, de frente a millones de mexicanos, se pudre la credibilidad.
Para finalizar, solo apuntar que cuando el narco se vuelve tema de tribunales en Brooklyn, de agencias en Washington y de protecciones militantes en Palacio Nacional, ya no se está frente a una coyuntura política. Se está frente a una señal clara, amplia y persistente, de que el país corre serios riesgos: no solo por la amenaza gringa, sino por el aferramiento ideológico del régimen y la negación sistemática de que algunos funcionarios de alto nivel y gobernantes mantienen acuerdos con las fuerzas fácticas.
