ARIZONA / NUEVA YORK. – En un golpe que sacude la estructura política y de seguridad del estado de Sinaloa, autoridades de Estados Unidos confirmaron la detención del General de División en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública de la entidad hasta diciembre de 2024.
La captura fue ejecutada el pasado lunes 11 de mayo de 2026 en el estado de Arizona por efectivos de los US Marshals, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por el Departamento de Justicia de ese país. Tras su detención, fue trasladado de inmediato a Nueva York para enfrentar cargos federales.
Proteccionismo y sobornos: La acusación
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, Mérida Sánchez es señalado de haber tejido una red de protección institucional en favor de la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa.
Entre los puntos más críticos de la acusación destacan:
Pagos ilícitos
El exsecretario presuntamente recibía sobornos mensuales de 100,000 dólares.
Obstrucción de la justicia
Se le acusa de alertar a la organización criminal sobre al menos 10 operativos y redadas dirigidas a laboratorios de drogas durante su gestión en 2023 y 2024.
Conspiración internacional
Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armamento de uso exclusivo.
El amparo fallido
Días antes de su captura, el 6 de mayo de 2026, trascendió que Gerardo Mérida había promovido un recurso de amparo ante un juzgado federal en Michoacán.
El exfuncionario buscaba frenar cualquier orden de aprehensión o solicitud de extradición en México; sin embargo, al ser detenido directamente en territorio estadounidense, el recurso legal perdió toda efectividad operativa.
Consecuencias políticas
Esta detención no es un hecho aislado. Mérida Sánchez forma parte de una lista de 10 exfuncionarios sinaloenses bajo la lupa de la justicia estadounidense, en una investigación que alcanza niveles jerárquicos superiores y que ha puesto en entredicho la integridad de las instituciones de seguridad en Sinaloa.
Se espera que su audiencia inicial se lleve a cabo este viernes 15 de mayo de 2026, donde se definirá su situación jurídica y el inicio del proceso penal en la Unión Americana.
