CIUDAD DE MÉXICO. — Integrantes de la Alianza Mexicana de Abogados, en conjunto con diversas organizaciones civiles, presentaron una solicitud formal ante la Mesa Directiva del Senado de la República para que se declare la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa, argumentando una crisis institucional y de seguridad insostenible en la entidad.
Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la organización de abogados, acudió a la Cámara Alta para entregar el documento. Los peticionarios sostienen que las instituciones sinaloenses han sido completamente rebasadas por la violencia y señalaron una presunta subordinación de las autoridades locales ante intereses de la delincuencia organizada. De igual forma, apuntaron que la salida del exgobernador Rubén Rocha Moya no resolvió la problemática de fondo.
Respaldo legislativo y balance de la crisis
La iniciativa fue cobijada por la senadora del PRI, Paloma Sánchez, quien ofreció una conferencia de prensa junto a los promoventes para exponer la gravedad de la situación económica y de seguridad que atraviesa el estado.
Durante su intervención, Sánchez compartió cifras alarmantes acumuladas en los últimos 21 meses en Sinaloa:
Impacto humano
Más de 2 mil 800 homicidios y cerca de 3 mil 900 personas reportadas como desaparecidas.
Golpe económico:
Pérdidas estimadas en 170 mil millones de pesos.
Cierre de negocios
Alrededor de 7 mil empresas se han visto obligadas a bajar la cortina debido a los constantes asaltos y la falta de garantías para operar.
A pesar de la gravedad de los datos, la legisladora reconoció que el bloque opositor en el Senado no cuenta de momento con los votos necesarios para aprobar una declaratoria de este tipo por sí solo, por lo que el objetivo primordial de la entrega es visibilizar la emergencia estatal en la tribuna nacional.
Siguientes pasos en el Congreso
La Mesa Directiva del Senado turnó la petición a las comisiones correspondientes para que inicien el análisis de su viabilidad constitucional. De acuerdo con la legislación federal, la desaparición de poderes es una medida extrema que requiere un análisis minucioso antes de que un dictamen pueda ser discutido y votado por el pleno del Senado de la República.



