El éxito de la misión derivó de los trabajos de inteligencia militar nacional combinados con una alerta estratégica e intercambio de información bilateral proporcionada por autoridades de los Estados Unidos, lo que permitió detectar la incursión de la aeronave en el espacio aéreo fronterizo.
Despliegue de combate en el aire
Al encenderse los radares de alerta del Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA), la Fuerza Aérea Mexicana activó el protocolo de intercepción enviando unidades de combate y operaciones especiales para dar seguimiento táctico al objetivo.
El despliegue en el aire estuvo integrado por:
- Dos aeronaves de ala fija T-6C+ Texan II, aviones turbohélice de entrenamiento avanzado y ataque ligero encargados de la intercepción y seguimiento a alta velocidad.
- Un helicóptero UH-60M Black Hawk, unidad artillada y de transporte rápido que coordinó el cerco desde el aire y dio soporte a las tropas en tierra.
Bajo la presión de las aeronaves militares, los tripulantes del avión civil ilícito se vieron obligados a descender en la periferia de Mexicali, donde ya se aproximaba el despliegue por tierra.
El decomiso en tierra
Una vez que la Cessna 206 tocó suelo, unidades operativas del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno aseguraron el perímetro. En el sitio del aterrizaje y tras el registro correspondiente, las autoridades lograron decomisar:
24 kilogramos de una sustancia con características propias de la cocaína.
24 cargadores para armas de fuego.
377 cartuchos útiles de diversos calibres.
3 vehículos terrestres y 1 inmueble vinculados a los operadores de la célula delictiva.
De acuerdo con estimaciones del Gobierno Federal, este golpe representa una afectación económica directa a las estructuras financieras de la delincuencia organizada superior a los 5 millones de pesos, cortando además el canal de suministro antes de que la droga cruzara la frontera norte.
Tanto la aeronave Cessna, como la droga, el armamento y los bienes inmuebles incautados, fueron trasladados y puestos a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mexicali, instancia que abrió la carpeta de investigación correspondiente para realizar los peritajes oficiales y deslindar responsabilidades.
